Audiencias en Diputados arrancan con participación récord, fuertes críticas al cupo y un operativo de seguridad ante movilizaciones opositoras.
La Cámara de Diputados inicia este 25 y 26 de marzo las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares en un contexto de alta conflictividad política y social. Con más de 102.000 inscriptos, el proceso quedó limitado a 360 expositores, lo que desató cuestionamientos de la oposición y organizaciones ambientales.
El esquema definido por las comisiones contempla 180 participantes presenciales y 180 virtuales, mientras que el resto deberá enviar aportes por escrito o video. El criterio —basado en cupos por provincia y orden de inscripción— implica que menos del 0,3% podrá intervenir en vivo, lo que generó denuncias por restricción de la participación ciudadana.
La controversia escaló tras el rechazo judicial a una cautelar que buscaba ampliar el acceso. El fallo habilitó al oficialismo a avanzar con el formato actual, pese a las advertencias sobre posibles inconsistencias con estándares internacionales de participación ambiental.
En paralelo, organizaciones socioambientales, sectores del PJ, la izquierda y parte del radicalismo convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La protesta, prevista para las 17, incluirá representantes de pueblos originarios, movimientos sociales y actores territoriales afectados por la norma .
Ante este escenario, el Gobierno desplegará un operativo de seguridad reforzado y recomendó evitar la zona, anticipando un posible aumento de la tensión en las inmediaciones del Parlamento.
El trasfondo del debate es estructural: el proyecto —ya con media sanción del Senado— propone reducir el alcance de la protección sobre áreas periglaciares, limitándola a aquellas con función hídrica comprobable. Además, otorga mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares y redefine criterios técnicos clave.
Desde el oficialismo sostienen que los cambios buscan destrabar inversiones estratégicas, particularmente en minería bajo el régimen RIGI. En la oposición, en cambio, advierten que la reforma podría habilitar actividades en zonas hoy protegidas, comprometiendo reservas de agua dulce.
Con una sesión prevista para abril, el debate entra en una fase decisiva marcada por la presión social, la urgencia política del Gobierno y el interés económico detrás de la iniciativa. El resultado no solo definirá el marco ambiental, sino también el rumbo de inversiones en sectores clave.
