Fiscales recorrieron distintos tramos de la obra para verificar posibles sobreprecios y desvíos de fondos públicos en el proyecto hídrico más importante de San Juan.
El Ministerio Público Fiscal realizó el 10 de marzo una inspección ocular en distintos sectores del Acueducto Gran Tulum, en el marco de la investigación judicial que busca determinar posibles irregularidades en la ejecución de la obra pública.
El operativo fue autorizado por la jueza de Garantías Mónica Lucero y estuvo encabezado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, con la participación de los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.
Recorrido por puntos clave de la obra
La comitiva siguió el trazado original del proyecto con el objetivo de comparar lo planificado con las estructuras efectivamente construidas.
El recorrido comenzó en el obrador de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) responsable de la obra, ubicado junto al paredón del Dique Punta Negra. Desde allí, los investigadores avanzaron por distintos tramos de la Ruta Provincial 12.
Uno de los puntos centrales de la inspección fue el sector de Villa Tacú, en un cerro donde el proyecto original contemplaba la construcción de un túnel, considerado uno de los tramos que genera mayores interrogantes dentro de la causa.
Relevamiento técnico y registros aéreos
La inspección continuó luego en el frente de obra situado sobre el sector norte de la avenida Libertador General San Martín, cerca del Cementerio El Mirador, y finalizó en la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Para el relevamiento se utilizaron drones de la Policía Rural que permitieron obtener registros aéreos del trazado. También participaron efectivos de la Brigada de Delitos, personal de Policía Científica, agentes de la Seccional 14 y técnicos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
Investigación por presunta corrupción
La causa judicial busca esclarecer la existencia de una posible trama de corrupción vinculada a la obra pública, con sospechas de sobreprecios y presuntos desvíos de fondos.
Entre las hipótesis que analiza la Justicia también figuran posibles vínculos entre empresas adjudicatarias y familiares de exfuncionarios del Poder Ejecutivo provincial.
Con la Fiscalía de Estado constituida como querellante, la inspección realizada podría transformarse en una prueba clave para determinar si la inversión realizada con recursos públicos se corresponde con las obras efectivamente ejecutadas en uno de los proyectos de infraestructura hídrica más relevantes de la provincia.
