En diálogo con La Ventana, el economista y contador Marcelo Delgado advirtió que en San Juan ya hay expensas de hasta $700.000 y explicó qué herramientas legales tienen propietarios e inquilinos para exigir controles y revisar gastos.

Las expensas dejaron de ser un gasto secundario y, en algunos casos, ya superan el valor del alquiler. En ese contexto, el economista y contador Marcelo Delgado explicó que tanto propietarios como inquilinos cuentan con mecanismos legales para exigir transparencia, revisar cuentas y cuestionar decisiones de los consorcios. Lo hizo durante una entrevista en el programa La Ventana.

Según sostuvo Delgado, en San Juan ya existen edificios y conjuntos inmobiliarios donde se pagan expensas de hasta $700.000 y cuotas extraordinarias cercanas al millón de pesos, un escenario que impacta de lleno sobre propietarios, locatarios y el mercado inmobiliario.

“Un departamento puede tener un alquiler de $500.000, pero si paga $600.000 de expensas, el costo locativo termina superando el $1,1 millón”, ejemplificó el especialista al describir cómo los gastos comunes pueden deteriorar la posibilidad de alquilar una propiedad.

Durante la entrevista, Delgado recordó que la reforma del Código Civil de 2015, que incorporó la antigua Ley de Propiedad Horizontal, modificó las reglas para edificios, barrios privados y conjuntos inmobiliarios. Entre los principales cambios, destacó que un solo propietario puede pedir una revisión de cuentas, solicitar una asamblea extraordinaria o impulsar auditorías para controlar gastos del consorcio.

El economista y contador señaló que los sobrecostos pueden originarse en una administración deficiente, contrataciones innecesarias o servicios sobredimensionados. Citó casos vinculados a seguridad, limpieza y tareas de mantenimiento cuyos costos podrían resultar desproporcionados.

Además, aclaró que los inquilinos también tienen derecho a reclamar información, pese a no ser propietarios. Pueden solicitar detalles de liquidaciones, balances y desgloses de gastos, aunque deben notificar al dueño de la unidad. Si el acceso a la documentación es negado, existen vías formales, administrativas y eventualmente judiciales para insistir con el pedido.

Sobre posibles irregularidades, Delgado diferenció entre conflictos civiles y responsabilidades penales. Explicó que una mala administración puede derivar en la remoción del administrador o en reclamos por daños, mientras que una conducta dolosa o apropiación indebida de fondos podría configurar un delito.

El especialista también abordó los derechos de las minorías dentro de los consorcios. Indicó que los propietarios pueden recurrir a la Justicia si consideran que una mayoría impone obras costosas o decisiones irrazonables que alteran los fines originales del conjunto inmobiliario.

En el tramo final de la entrevista, advirtió sobre los riesgos de barrios privados o loteos que operan sin consorcio formalizado. En esos casos, explicó, los propietarios podrían responder solidariamente ante accidentes o daños ocurridos en espacios comunes.

Con expensas en alza y costos habitacionales bajo presión, el debate sobre la transparencia administrativa y los límites de las decisiones en los consorcios aparece cada vez más presente en la agenda inmobiliaria local.