El oficial inspector Matías Carrizo, integrante del GERAS y capacitador en el uso de pistolas Taser, fue retenido en un supermercado de Capital cuando intentaba retirarse con productos que no había abonado. Pagó $76.000 y la empresa decidió no denunciarlo, mientras crece el malestar dentro de la fuerza.

Un episodio protagonizado por un reconocido integrante de la Policía de San Juan generó fuerte repercusión interna. Se trata del oficial inspector Matías Carrizo, integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales y uno de los agentes que se desempeña como instructor en las capacitaciones sobre el uso de pistolas Taser.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en una sucursal de Chango Más ubicada sobre avenida Benavídez, en Capital. Según fuentes policiales y judiciales citadas por Tiempo de San Juan, Carrizo se encontraba vestido de civil y había ingresado al comercio acompañado por otra persona para realizar compras.

La situación comenzó cuando los operadores de las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos con algunos de los productos que llevaba en el carrito. Las imágenes permitieron advertir que, cerca de las 20.30, el policía pasó por las cajas y abonó parte de la mercadería, aunque otros artículos no fueron registrados por la cajera.

Cuando intentó abandonar el establecimiento, el personal de seguridad lo interceptó en la puerta. Allí se produjo la sorpresa al identificarlo como un efectivo del GERAS y, además, como uno de los agentes que tiene a su cargo la formación de otros policías en el manejo de las armas Taser.

Ante la situación, se dio aviso al 911 y se convocó a efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 26ª. También tomó intervención el fiscal de turno de la UFI del Sistema Especial de Flagrancia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Carrizo reconoció que llevaba productos que no había pagado y pidió que no se radicara una denuncia. Finalmente, ofreció abonar la totalidad de la mercadería involucrada.

La encargada del supermercado realizó las consultas correspondientes con el gerente zonal de Mendoza, quien autorizó que no se efectuara la denuncia siempre que el efectivo pagara los productos. El monto finalmente abonado fue de $76.000.

Desde el ámbito judicial explicaron que, al tratarse de mercadería comestible y ante las características del episodio, el fiscal decidió aplicar el denominado criterio de oportunidad, contemplado por el artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan. Esta herramienta permite prescindir de la acción penal en determinadas circunstancias cuando no existe una afectación significativa del interés público.

De esta manera, el oficial pudo retirarse luego de cancelar el valor de los productos y la empresa decidió no avanzar con una denuncia penal. El procedimiento quedó registrado en un acta, junto con el comprobante correspondiente al pago realizado.

Sin embargo, el episodio provocó malestar entre integrantes de la fuerza, especialmente por lo que algunos efectivos consideran un trato diferencial respecto de otros policías involucrados en faltas menores.

Ahora, el caso podría tener consecuencias en el ámbito administrativo. Según trascendió, se espera que la Subsecretaría de Control de Gestión analice el episodio y evalúe el inicio de un sumario contra Carrizo.

El escándalo adquiere especial repercusión debido al rol que ocupa el efectivo dentro de la estructura policial: además de integrar una unidad especial, es uno de los encargados de capacitar a otros agentes en el uso de las pistolas Taser, una herramienta que el Gobierno provincial busca ampliar dentro de la fuerza.