El Gobierno enviará en mayo un proyecto que apunta a elevar el empleo y las compras provinciales en la actividad minera.

El Gobierno de San Juan presentará en la primera quincena de mayo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de desarrollo local minero, una iniciativa que busca incrementar la participación sanjuanina en empleo y proveedores dentro de la actividad.

El anuncio fue realizado por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien confirmó que la propuesta se encuentra en su etapa final tras meses de consultas con empresas, cámaras y actores territoriales.

El eje central del proyecto fija metas progresivas de hasta 80% de empleo local y 60% de contratación de bienes y servicios provinciales, aunque aclararon que no serán exigencias rígidas, sino objetivos a cumplir mediante planes evaluados por el Estado.

PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO

Según la propuesta oficial, la norma incorporará herramientas estructurales para ordenar y potenciar la actividad:

• Planes obligatorios de empleo local, con actualización cada 2 años y reportes detallados por categoría, género y origen.
• Planes de desarrollo de proveedores, con metas de 60% de compras locales cuando exista oferta disponible en la provincia.
• Creación del Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.), una base pública y digital para ordenar la oferta local.
• Prioridad escalonada de contratación, privilegiando proveedores de comunidades de influencia, luego provinciales, nacionales y extranjeros.
• Programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento para fortalecer pymes locales.
• Obligación de que contratistas y grandes proveedores cumplan las mismas reglas que las mineras.
• Sistema de sanciones, con multas de hasta 60.000 unidades tributarias por incumplimientos.

Además, la iniciativa redefine el concepto de “local”, diferenciando entre proveedores de comunidades de influencia y del resto de la provincia, un punto clave que aún genera debate técnico.

El proyecto también incorpora una mirada integral, al incluir planes de desarrollo comunitario, articulados con políticas públicas provinciales, y mecanismos de seguimiento por parte de la autoridad de aplicación.

En términos políticos y económicos, la norma busca responder a una demanda histórica: que el crecimiento minero se traduzca en mayor derrame local, empleo calificado y fortalecimiento del entramado productivo.

Con el ingreso a la Legislatura, se abrirá una discusión clave para el modelo minero provincial. El resultado definirá el grado de integración entre inversión privada y desarrollo territorial en una de las actividades estratégicas de San Juan.