La fiscal Claudia Salica confirmó que ambas mujeres fueron sometidas sexual y físicamente durante más de una hora en Concepción. Dictaron prisión preventiva para los dos imputados mayores de edad.

En una audiencia de formalización que expuso la extrema gravedad del caso, la fiscalía confirmó que tanto la madre como su hija menor de edad fueron víctimas de agresiones sexuales y físicas desplegadas con un nivel «bastante sádico». El hecho ocurrió el pasado sábado por la madrugada en una vivienda de Concepción, Capital.

Según detalló la fiscal Claudia Salica, el ataque duró más de una hora e incluyó un violento sometimiento. Inicialmente se investigaba el abuso de la menor, pero la ampliación de la denuncia de la madre y el resultado de la Cámara Gesell practicada a la niña confirmaron que ambas sufrieron el mismo calvario.

Por el aberrante hecho, el juez otorgó un plazo de 12 meses de investigación penal preparatoria y dictó 6 meses de prisión preventiva para los dos imputados mayores de edad, identificados como Agustín Lila y Thiago Narváez.

La calificación legal imputada es de extrema gravedad: robo agravado por ser en despoblado y en banda, por el uso de arma y por escalamiento, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la participación de tres personas y el uso de armas.

La escala penal prevista para este concurso de delitos genera una expectativa de pena muy alta para los acusados. La fiscalía precisó que el piso legal parte de un mínimo de 8 años de prisión, mientras que el cálculo de la suma de los máximos establece un techo que supera los 20 años de reclusión efectiva.

Respecto a los partícipes, el Ministerio Público Fiscal aclaró que el ataque fue ejecutado por cuatro personas: dos mayores y dos menores. Un hermano de Narváez (menor) ya se encuentra a disposición de la Justicia de Menores, mientras que un cuarto implicado, de iniciales T.A., permanece prófugo con pedido de captura.

El escenario judicial para los próximos meses se centrará en la producción de pruebas de ADN, peritajes psicológicos y la captura del menor prófugo. El brutal caso mantiene conmocionada a la provincia y abre un debate sobre la reincidencia y la seguridad en zonas urbanas.