El Jurado de Enjuiciamiento archivó el pedido de destitución presentado por el abogado Nicolás Fiorentino contra Adriana Tettamanti, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez. La acusación surgió de un litigio comercial por $91 millones y ya había tenido un revés en la Justicia penal.

El Jurado de Enjuiciamiento de San Juan rechazó por unanimidad y archivó la denuncia con la que el abogado Nicolás Fiorentino buscaba la destitución de tres jueces provinciales, a quienes había acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

La decisión alcanzó a la jueza del Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti y a los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez. Los cinco integrantes del Jury coincidieron en que no existían elementos suficientes para sostener las causales de remoción planteadas.

La resolución fue adoptada por el ministro de la Corte Marcelo Lima, los abogados Juan Manuel Juárez y Sofía Lloveras y los diputados Leopoldo Soler y Marcela Quiroga.

Si bien el procedimiento no obliga al Jury a fundamentar el rechazo de una denuncia en esta instancia, fuentes vinculadas al caso indicaron que el organismo expuso los argumentos de su decisión. Esos fundamentos no trascendieron inicialmente porque debían ser notificados tanto los magistrados como el denunciante.

El conflicto que terminó llegando al Jurado comenzó con una demanda de Carpas Argentinas contra Puccinellia por $91 millones, originada en la rescisión de un contrato de alquiler de módulos y estructuras habitacionales.

El punto central de la controversia fue la forma en que Puccinellia, representada por Fiorentino, fue notificada de esa demanda.

El escrito fue enviado a un domicilio ubicado en el barrio privado Altos de Meglioli, en Rawson. Como el oficial notificador no encontró a una persona que lo recibiera, dejó la documentación en la ventanilla de la garita de ingreso, debajo de una piedra.

Puccinellia no contestó la demanda y Tettamanti dio por decaído su derecho a intervenir en el proceso. Fiorentino planteó entonces la nulidad de la notificación al sostener que la empresa tenía su sede social en Mendoza y domicilio fiscal en Capital y que, por lo tanto, el escrito había sido enviado a una dirección incorrecta.

La magistrada rechazó ese planteo el 5 de diciembre de 2025. Fundamentó que el domicilio de Rawson había sido establecido contractualmente por las propias partes y posteriormente ratificado.

Fiorentino apeló, pero el 31 de marzo los camaristas Pérez y Rodríguez confirmaron la decisión de primera instancia.

A partir de ese revés, el abogado acudió al Jury.

Fiorentino sostuvo que era “rotundamente falso” que Puccinellia hubiese constituido el barrio Altos de Meglioli como domicilio contractual. También cuestionó que se considerara válida una notificación dejada en la garita y acusó a los magistrados de actuar coordinadamente para beneficiar a Carpas Argentinas.

Los jueces rechazaron esas acusaciones y respondieron con fuertes cuestionamientos al abogado.

Tettamanti señaló que el domicilio cuestionado figuraba en el contrato y que Puccinellia incluso había recibido allí cartas documento anteriores al juicio sin plantear objeciones.

Pérez agregó otro antecedente: afirmó que, en un proceso paralelo por cobro de honorarios tramitado en el Juzgado de Paz de Rivadavia, Puccinellia fue notificada de la misma manera y en el mismo domicilio, pero en esa oportunidad contestó la demanda sin pedir la nulidad del procedimiento.

Rodríguez también sostuvo que el contrato establecía expresamente el domicilio del barrio de Rawson como lugar en el que serían “válidas todas las notificaciones”.

Los descargos fueron particularmente duros.

Rodríguez afirmó que Fiorentino, “tras perder la oportunidad de defenderse, en perjuicio de sus clientes, por su propia torpeza y negligencia reiterada, optó por denunciar infundadamente a los jueces”.

Pérez, en tanto, cuestionó las acusaciones de “complicidad, connivencia y corrupción judicial” formuladas por el abogado y consideró que se trató de “un exceso malintencionado de parte del denunciante”.

Tettamanti sostuvo que la presentación respondía a “intenciones aviesas y argumentos infundados” y calificó las expresiones utilizadas contra los magistrados como “ofensivas y desproporcionadas”.

El planteo contra los tres jueces ya había transitado por otra vía. Fiorentino los denunció penalmente por prevaricato, pero la presentación fue desestimada por el fiscal interviniente y posteriormente, tras un pedido de revisión, por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales.

Con los informes de los magistrados y las pruebas incorporadas, el Jurado analizó finalmente si existían elementos que justificaran abrir un proceso de destitución. Los cinco miembros votaron por rechazar la denuncia y el expediente quedó archivado.

El conflicto institucional, sin embargo, todavía tiene otro capítulo abierto.

Fiorentino también presentó un pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Marcelo Lima, quien integra el Jurado de Enjuiciamiento. El abogado sostiene que Lima debía apartarse del caso por una supuesta relación de amistad con Rodríguez, quien fue asesor suyo cuando se desempeñó como intendente de Capital y posteriormente ocupó un cargo administrativo en Diputados durante su etapa como vicegobernador.

Desde el entorno de Lima rechazaron que exista una relación que pueda comprometer su imparcialidad y señalaron que el cortista incluso participó de resoluciones contrarias a decisiones adoptadas anteriormente por Rodríguez.

La denuncia contra Lima está ahora en la Cámara de Diputados. La Sala Acusadora la remitió a la Comisión Investigadora, que dispone de 40 días para emitir un dictamen y determinar si recomienda avanzar con el proceso o rechazarlo.

Así, mientras el Jury cerró definitivamente el intento de remover a Tettamanti, Pérez y Rodríguez, la derivación política del mismo conflicto continúa abierta en la Legislatura y mantiene bajo análisis la situación de uno de los integrantes de la Corte de Justicia de San Juan.