El organismo provincial intensificó los controles sobre las casas adjudicadas y detectó inmuebles deshabitados, vandalizados y ocupados por terceros. Las viviendas recuperadas podrán ser incorporadas a futuros sorteos una vez finalizados los trámites correspondientes.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) profundiza las tareas de fiscalización sobre las viviendas adjudicadas y actualmente investiga alrededor de 430 denuncias vinculadas a presuntas irregularidades. Como resultado de ese trabajo, ya logró recuperar 70 inmuebles que se encontraban abandonados y dañados, los cuales podrán volver a integrar el banco de viviendas disponible para próximas adjudicaciones.

La directora del organismo, Elina Peralta, explicó que cada denuncia pone en marcha un procedimiento de inspección que contempla visitas al domicilio, relevamientos en el barrio y la recopilación de información para determinar la situación de cada vivienda. Con esos datos, el IPV inicia un expediente y evalúa las condiciones tanto del inmueble como de la familia beneficiaria.

Entre los casos bajo análisis también figuran más de 80 viviendas ocupadas por personas distintas a los adjudicatarios. Peralta aclaró que esa circunstancia no significa necesariamente que exista una usurpación, ya que cada expediente presenta características particulares que deben ser investigadas.

La funcionaria indicó que, en algunos casos, el titular puede haber dejado la vivienda al cuidado de un familiar por un período determinado, mientras que en otros los ocupantes no poseen autorización ni relación con el adjudicatario original. Sin embargo, sostuvo que la normativa establece que la casa debe ser habitada por quien recibió el beneficio.

Además, el organismo detectó unas 70 viviendas que permanecían desocupadas y habían sufrido actos de vandalismo. Una vez recuperadas, esas propiedades son reparadas para reincorporarlas al sistema habitacional y destinarlas a futuros sorteos.

Peralta también aclaró que las viviendas recuperadas no se asignan a quienes realizan las denuncias. Recordó que el IPV cuenta con más de 90.000 inscriptos y que la legislación vigente dispone que las adjudicaciones se realicen mediante sorteos, contemplando prioridades para personas con problemas de salud, discapacidad y familias con mayor antigüedad en el registro.

Respecto de un nuevo proceso de adjudicación, la directora señaló que todavía no existe una fecha confirmada, aunque el objetivo es concretar dos grandes sorteos cuando estén disponibles las viviendas recuperadas que hayan completado todas las instancias administrativas y las reparaciones necesarias.

La planificación también incluye 30 proyectos habitacionales impulsados por el Gobierno de San Juan, que prevén la construcción de unas 3.000 viviendas. Según explicó Peralta, las iniciativas ya se encuentran desarrolladas y solo resta obtener el financiamiento para iniciar las obras.

Mientras tanto, el IPV mantiene abiertas las vías para denunciar posibles irregularidades en las viviendas adjudicadas. Los reclamos pueden presentarse a través del sitio web del organismo, de manera presencial o mediante sus redes sociales, canales desde los cuales también se han iniciado investigaciones.