El Gobierno provincial confirmó la expulsión de un docente que presentó 10 certificados médicos adulterados para justificar inasistencias entre 2021 y 2022. Tras rechazar el recurso administrativo, quedó habilitada únicamente la vía judicial para intentar revertir la sanción.

El Gobierno de San Juan confirmó la cesantía del docente Pablo Nievas, luego de rechazar el recurso de reconsideración que había presentado contra la sanción impuesta por el Ministerio de Educación. La decisión ratificó que el maestro incurrió en una falta grave al presentar 10 certificados médicos adulterados para justificar ausencias laborales durante 2021 y 2022.

La resolución administrativa puso fin al trámite dentro del Ejecutivo provincial, por lo que el docente solo podrá recurrir a la Justicia si pretende revertir la medida. Hasta el momento, no trascendió que haya iniciado una demanda judicial.

La investigación comenzó en agosto de 2022, tras una denuncia presentada por las autoridades de las escuelas General Mariano Acha, de Pocito, y Carlos Saavedra Lamas, donde el docente cumplía funciones. Las directoras detectaron irregularidades en una carta médica presentada por Nievas y solicitaron la intervención de los organismos competentes.

Durante el sumario, la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos informó que no había otorgado licencias médicas al docente desde 2021, pese a que este había remitido 10 cartas médicas por WhatsApp para justificar sus faltas.

La auditoría determinó que los documentos no habían sido emitidos ni validados por el organismo correspondiente y que presentaban irregularidades en su contenido, formato y legitimidad, además de inconsistencias en la identificación de cartillas y profesionales auditores.

El expediente también reveló que tres solicitudes de licencia realizadas por el docente en 2021 fueron rechazadas y que no existían registros de pedidos de internación ni de Junta Médica durante el período investigado.

Con esos antecedentes, la instrucción sumarial concluyó que Nievas había incumplido reiteradamente sus obligaciones funcionales mediante la utilización de documentación adulterada, conducta considerada una falta grave por el régimen disciplinario docente, al afectar la ética profesional.

En consecuencia, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dispuso la cesantía del docente el 27 de junio de 2025. Posteriormente, el maestro presentó un recurso de reconsideración en el que calificó la sanción como «excesiva, arbitraria e injustificada».

En su descargo sostuvo que los certificados podrían haber sido subsanados mediante la presentación de nuevas copias o una consulta con el profesional que los habría emitido. También afirmó que no incurrió en abandono de tareas e incluso ofreció compensar las horas correspondientes a las ausencias cuestionadas.

Sin embargo, la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos del Personal y la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad concluyeron que la responsabilidad de presentar documentación válida recae exclusivamente sobre el agente y que no corresponde a la administración corregir o validar certificados irregulares.

Los organismos jurídicos remarcaron además que el propio docente reconoció el incumplimiento al ofrecer devolver los días de licencia observados, circunstancia que, junto con la reiteración de la conducta, justificó mantener la calificación de falta grave y confirmar definitivamente la cesantía en sede administrativa.