El Gobierno oficializó cambios en convenios colectivos, sindicatos, recibos de sueldo e indemnizaciones. También lanzó un fondo para asistir a empleadores y un plan de regularización laboral con quitas de deuda.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes distintos capítulos de la reforma laboral y avanzó con modificaciones en convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, plataformas digitales e indemnizaciones laborales, en una batería de medidas que redefine aspectos centrales del mercado de trabajo.
Las disposiciones fueron oficializadas a través de los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, firmados por el presidente Javier Milei y su gabinete económico y de desregulación. La reglamentación alcanza cambios incorporados por la ley de modernización laboral promulgada este año.
Uno de los puntos más relevantes es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo orientado a contribuir al pago de indemnizaciones sin reemplazar el esquema vigente. El sistema funcionará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos supervisados por la CNV, con cuentas individuales para cada empleador.
La normativa establece que los aportes serán canalizados por ARCA y que los empleadores podrán trasladar recursos entre distintos instrumentos autorizados. Además, el Ejecutivo fijó una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte realizado al fondo y postergó la entrada en vigencia del régimen hasta el 1 de noviembre de 2026.
Otro cambio de fuerte impacto alcanza a los recibos de sueldo. El nuevo modelo deberá incluir un detalle del costo laboral total asumido por el empleador, incorporando aportes a seguridad social, obra social, PAMI, ART, contribuciones sindicales, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral.
En materia sindical, el Gobierno introdujo nuevas exigencias de control y representación. Los cuerpos directivos deberán mantener una proporción razonable con la cantidad de afiliados cotizantes, mientras que la validación de representación podrá realizarse mediante cruces con registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases oficiales.
También cambian las reglas para la actividad gremial dentro de las empresas. El uso del crédito horario sindical deberá ser compatible con la continuidad laboral y requerirá una comunicación previa al empleador con 48 horas de anticipación.
En el plano de los convenios colectivos, la reglamentación fija criterios para determinar cuándo un acuerdo se considerará vencido y obliga a computar de manera global aportes, contribuciones y retenciones para verificar límites legales. Además, se establece que ciertos aportes convencionales serán obligatorios únicamente para empresas afiliadas a las entidades correspondientes.
El paquete incorpora además el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados. El esquema prevé condonaciones de deuda de hasta 90% para micro y pequeñas empresas, 80% para medianas y 70% para el resto de los empleadores. Las obligaciones vinculadas a obras sociales, ART y seguro colectivo tendrán una condonación del 100%.
La reglamentación se completa con cambios para plataformas digitales, empresas de servicios eventuales, certificados médicos electrónicos y modificaciones tributarias vinculadas a alquileres y operaciones inmobiliarias.
Con estas medidas, el Gobierno avanza en uno de los capítulos centrales de su agenda de desregulación económica, en medio de un escenario donde la reforma laboral continúa siendo uno de los ejes de mayor debate entre sindicatos, empresas y sectores productivos.
Fuente: La Nación
