El Gobierno provincial respaldó la eliminación de los aportes obligatorios a COVIAR y confirmó que no acompañará eventuales acciones judiciales contra la medida impulsada por Nación.

El Gobierno de San Juan oficializó su respaldo a la decisión de la administración nacional de eliminar el financiamiento obligatorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una medida que impacta de lleno en el esquema de sostenimiento institucional de la actividad vitivinícola.

A través de un comunicado del Ministerio de Producción, la provincia sostuvo que la implementación de aportes voluntarios “ayudará a resolver fuertes debates dentro de la industria vitivinícola”, en alusión a los cuestionamientos que desde hace años mantienen distintos sectores empresarios y cámaras vinculadas al vino.

La definición política también incluyó un mensaje directo hacia el conflicto abierto dentro de la entidad. Desde el Ejecutivo sanjuanino aclararon que no respaldarán ninguna medida cautelar que eventualmente impulse el directorio de COVIAR para frenar la decisión del Gobierno nacional.

La postura ya había sido anticipada públicamente por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, aunque el comunicado buscó despejar versiones que atribuían a San Juan una posición más cercana a la defensa del esquema actual de financiamiento.

En el texto oficial, la cartera productiva destacó además el “diálogo institucional” mantenido con la corporación durante los últimos años, pero remarcó que la resolución de Nación responde a “un reclamo no menor” de numerosas cámaras del sector vitivinícola.

La discusión sobre el financiamiento de COVIAR se transformó en uno de los principales focos de tensión dentro de la industria. Mientras algunos sectores defienden el rol estratégico de la entidad en la promoción y articulación del plan vitivinícola, otros cuestionan desde hace tiempo la obligatoriedad de los aportes privados.

Con este posicionamiento, San Juan se alinea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y toma distancia de una eventual judicialización del conflicto. El escenario abre ahora una nueva etapa para la vitivinicultura argentina, en la que COVIAR deberá redefinir su esquema de financiamiento y su capacidad de representación dentro del sector.