El Gobierno nacional confirmó este viernes el envío al Congreso de un proyecto de nueva Ley General de Sociedades, que ingresará por el Senado. La iniciativa se trabajó con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger a la cabeza y también colaboró la cartera de Justicia, de Juan Mahiques. Es la quinta iniciativa legislativa que el oficialismo remite al Parlamento en dos semanas.
El punto más llamativo del proyecto es el corrimiento del Estado del centro de la escena societaria. Uno de los principales cambios es que dota de más poder al estatuto de la compañía, que pasa a ser el órgano que «manda» sobre las sociedades. Las normas de la ley pasan a ser supletorias y las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva.
Otro cambio de fondo es la posibilidad de que las empresas elijan el derecho bajo el cual se rigen. Las sociedades quedarán habilitadas para someter sus conflictos internos al derecho extranjero y pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la Justicia ordinaria. En la práctica, esto significa que una empresa constituida en Argentina podría operar bajo las reglas de Delaware, Londres o Dubai si así lo acuerdan sus socios.
El proyecto también crea figuras societarias que no existen en la legislación argentina. Se crearán las «sociedades automatizadas», que no están constituidas por personas sino que pueden operar mediante algoritmos o Inteligencia Artificial sin requerir empleados, y las «DAO», sociedades total o parcialmente autónomas con participación en tokens y registros en blockchain, que tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
En materia de modernización, la ley habilitará la digitalización plena de la sociedad, con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución por firma digital o electrónica y legajo digital público para cada empresa. Además, los mandatos de directores y síndicos serán por tiempo indeterminado por defecto, salvo acuerdo en contrario.
Desde la Casa Rosada argumentan que la reforma busca adaptar el derecho societario argentino «a la economía del siglo XXI», cambiando una ley que data desde el gobierno de Alejandro Lanusse, pasando de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno que prioriza la autonomía privada y reduce la intervención estatal.
El proyecto deberá obtener el aval del Congreso para entrar en vigencia. Desde el oficialismo aseguran que junio tendrá «alta actividad» legislativa y calculan que en la segunda quincena habrá sesiones. La Cámara alta será el escenario principal, ya que también acumula los pliegos de jueces, la ley Hojarasca y la de zonas frías, que ya tienen media sanción de Diputados.
