El ministro de Producción, Gustavo Fernández, afirmó que la decisión de contratar una empresa china para construir módulos habitacionales del proyecto Vicuña «no es una buena noticia» para San Juan. El Gobierno busca que la minería genere más empleo y oportunidades para proveedores locales mediante una nueva ley de desarrollo minero.

La decisión de la empresa Vicuña de adjudicar a una firma china una parte clave de la construcción de su futuro campamento minero abrió un fuerte debate en San Juan sobre el impacto real que tendrán las grandes inversiones en la economía provincial. Frente al reclamo de cámaras empresariales y proveedores locales, el Gobierno provincial tomó posición y expresó su preocupación por una medida que considera contraria al objetivo de fortalecer el entramado productivo sanjuanino.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, sostuvo que la contratación de una empresa extranjera para fabricar gran parte de los módulos habitacionales del proyecto «no es una buena noticia» para la provincia y confirmó que ya existen conversaciones con la compañía para abordar la situación.

«No es lo que queremos en el Gobierno de la provincia para el desarrollo minero de San Juan«, afirmó el funcionario al referirse a la decisión empresarial que generó malestar entre las principales cámaras de proveedores mineros.

Fernández explicó que la Provincia viene trabajando desde hace meses junto al Ministerio de Minería en una estrategia para fortalecer la cadena de valor local y recordó que el gobernador Marcelo Orrego presentó esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa destinada a potenciar el empleo sanjuanino y la participación de empresas provinciales en los grandes emprendimientos.

Según detalló, la propuesta busca generar herramientas que permitan al Estado promover el desarrollo local sin interferir en las decisiones privadas ni vulnerar los principios de libertad económica establecidos por la Constitución.

«Se trata de un recurso no renovable que pertenece a los sanjuaninos y cuya explotación se realiza mediante concesiones otorgadas por el Estado. Eso nos permite establecer condiciones que favorezcan el desarrollo local», explicó.

Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a la falta de previsibilidad sobre las futuras demandas de bienes y servicios de los proyectos mineros. El ministro consideró que muchas oportunidades para proveedores locales se pierden porque las licitaciones privadas no se comunican con suficiente anticipación.

«Las empresas tienen que brindar información con tiempo para que los proveedores conozcan cuáles serán las demandas y puedan prepararse. Lo mismo ocurre con la capacitación de los trabajadores», señaló.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno promovió encuentros entre Vicuña y las cámaras empresariales que manifestaron su descontento por la contratación de la firma asiática. El objetivo es abrir canales de diálogo y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse durante las próximas etapas de desarrollo de los megaproyectos mineros.

La controversia se produce en un momento clave para la minería sanjuanina. Con proyectos como Josemaría y Filo del Sol avanzando hacia etapas de construcción e inversión multimillonaria, el debate ya no pasa únicamente por atraer capitales, sino también por determinar cuánto de esa actividad quedará efectivamente en la economía provincial.

Desde el Gobierno entienden que la nueva Ley de Desarrollo Local Minero puede convertirse en una herramienta estratégica para fijar metas de empleo, transparencia y participación empresarial. El desafío será compatibilizar las decisiones de compañías globales con la expectativa de que la minería se traduzca en más trabajo, más proveedores y mayor derrame económico para San Juan.

La discusión recién comienza, pero dejó un mensaje claro desde la Casa de Gobierno: las inversiones son bienvenidas, aunque la prioridad sigue siendo que los beneficios de la minería lleguen cada vez más a las empresas y trabajadores sanjuaninos.

La respuesta de Vicuña: “La obra tendrá participación local”

Frente a los cuestionamientos por la adjudicación de parte del nuevo campamento a una empresa china, desde Vicuña señalaron que el contrato fue otorgado a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A., combinando fabricación modular en el exterior con ejecución de obras en Argentina.

Según explicó la compañía, la empresa argentina RAFA S.A., con sede en Santa Fe, tendrá a su cargo las obras civiles, fundaciones, movimiento de suelos, montaje e instalaciones, tareas que incluirán la participación de trabajadores, contratistas y proveedores locales.

Por su parte, la firma china Beijing Chengdong será responsable exclusivamente de la fabricación de los módulos habitacionales, mientras que PowerChina asumirá la gestión integral del contrato bajo modalidad EPC.

Desde la empresa indicaron que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos de seguridad, capacidad técnica, plazo de ejecución y costos establecidos para una infraestructura de esta magnitud.

Vicuña también destacó que la licitación cuestionada representa aproximadamente el 25% del nuevo campamento, y adelantó que en los próximos meses se abrirán nuevos procesos licitatorios para las etapas restantes del proyecto.

Además, informó que actualmente se encuentran en evaluación las ofertas para la construcción de tres nuevos campamentos destinados al personal del Corredor Norte, cuyas adjudicaciones se conocerán próximamente.

La compañía remarcó que mantiene una política de promoción de proveedores locales en aquellas actividades donde existan capacidades competitivas disponibles. Como respaldo de esa estrategia, señaló que más del 95% de sus trabajadores son argentinos y que cerca del 73% de sus empleados directos son sanjuaninos.