La Ley de Inocencia Fiscal elevará los montos mínimos por evasión y podría hacer caer el juicio contra el empresario sanjuanino, además de otras 45 causas en la provincia.
La reciente sanción de la Ley 27.779, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, modificó de manera sustancial el Régimen Penal Tributario y tendría un impacto inmediato en la causa contra el empresario Manuel Ponte, quien estaba a punto de enfrentar juicio oral por una evasión actualizada en $207 millones.
La norma elevó los montos mínimos de punibilidad: la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada subió de $15 millones a $1.000 millones.
En el caso de Ponte, los montos atribuidos en los períodos investigados fueron de $16,4 millones en 2014, $13,9 millones en 2015 y $2,4 millones en 2016. Bajo el esquema anterior, esos valores configuraban evasión simple y agravada. Con la actualización legal, quedan por debajo de los nuevos umbrales.
El planteo de la defensa se basa en la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, principio reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado fallo “Vidal”, que estableció que cuando el Congreso eleva los mínimos de punibilidad expresa un “desinterés punitivo” respecto de cifras inferiores.
El pedido de sobreseimiento no fue objetado por los abogados del organismo recaudador (ex AFIP, hoy ARCA), aunque sí recibió oposición del fiscal de la causa. El juez del Tribunal Oral Federal deberá resolver si aplica la nueva normativa y archiva el proceso.
Más allá del caso puntual, el impacto sería mayor: en el Juzgado Federal N°2 de San Juan existen alrededor de 45 causas en trámite cuyos montos también se encuentran por debajo de los nuevos pisos legales. Algunas ya fueron archivadas, otras están apeladas y un grupo permanece suspendido por planes de pago.
De confirmarse la aplicación plena de la ley más benigna, no solo quedaría sin efecto el juicio contra Ponte, sino que también se cerrarían decenas de expedientes por delitos tributarios en la provincia, reconfigurando el escenario penal fiscal a nivel local y nacional.
