El oficialismo logró sancionar la ley con apoyo clave de gobernadores y aliados; anticipan judicialización por presunta inconstitucionalidad.
El Gobierno obtuvo un nuevo triunfo legislativo al conseguir la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, tras una extensa sesión de casi diez horas. El proyecto fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, consolidando una mayoría construida con bloques aliados, provinciales y sectores de la oposición.
La iniciativa fue impulsada con fuerza por los gobernadores de provincias mineras —especialmente las integradas en la Mesa del Litio y del Cobre, entre ellas San Juan— que buscan habilitar inversiones en zonas periglaciares. El nuevo marco normativo establece que solo quedarán bajo protección estricta los glaciares con “aporte hídrico relevante y verificable”, y otorga a las provincias un rol central en el inventario de estas formaciones.
El respaldo incluyó al PRO, la UCR y legisladores alineados con mandatarios provinciales, además de apoyos puntuales del peronismo. La votación volvió a evidenciar fracturas en Unión por la Patria, donde algunos diputados acompañaron la iniciativa oficialista.
Desde la oposición, las críticas se centraron en la legalidad y el impacto ambiental de la reforma. Referentes de distintos bloques advirtieron que la norma será judicializada por inconstitucionalidad y cuestionaron la falta de fundamentos técnicos. También señalaron que la legislación podría debilitar la protección ambiental en favor de intereses extractivos.
El oficialismo defendió el proyecto bajo el argumento de promover inversiones y desarrollo productivo, en línea con la estrategia económica del Gobierno enfocada en la explotación de recursos naturales. En este contexto, la reforma se inscribe en una agenda más amplia de apertura a capitales vinculados a minería y energía.
La sanción de la ley reconfigura el equilibrio entre protección ambiental y explotación de recursos, otorgando mayor poder a las provincias en la definición de áreas protegidas. Sin embargo, el escenario inmediato estará marcado por la disputa judicial y política, que podría escalar hasta la Corte Suprema y condicionar su implementación efectiva.
Fuente: Clarín
