La acusación apunta a una presunta omisión ante la Oficina Anticorrupción por una contratación de Cancillería con la entidad que preside su esposa.
Una denuncia penal fue presentada en la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco de un contrato millonario adjudicado por la Cancillería argentina a una organización presidida por su esposa.
La presentación judicial cuestiona la presunta omisión de publicación de la Declaración Jurada de Intereses ante la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo establece el Decreto 202/2017, en relación con la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para brindar capacitación en idioma inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El contrato en cuestión asciende a $114.044.133, con posibilidad de prórroga, y fue otorgado mediante la Disposición 21/2026, emitida el 19 de enero pasado por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. La adjudicación se realizó en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
Según consta en la denuncia, la Declaración Jurada de Intereses reconocía la existencia de un “vínculo positivo” entre Sturzenegger y María Josefina Rouillet, esposa del ministro y directiva de la entidad beneficiada. En función de ello, debían activarse mecanismos específicos de control, entre ellos la notificación a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), además de la publicación del caso en los registros oficiales.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que al revisar el buscador de casos informados a la Oficina Anticorrupción no encontraron constancia alguna del expediente al 15 de febrero de 2026, lo que —según sostienen— constituiría una falta grave en materia de transparencia administrativa.
En el escrito, los abogados impulsores de la presentación solicitaron además que se analice la actuación de Rouillet y encuadraron los hechos en posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Tras conocerse la contratación, desde Cancillería rechazaron la existencia de irregularidades y señalaron que la relación contractual con la AACI se mantiene desde 2018, asegurando que se aplicaron los procedimientos de integridad correspondientes, con intervención de los organismos de control.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existió o no una omisión en los pasos administrativos exigidos por la normativa vigente y si ello configura algún tipo de responsabilidad penal.
Fuente: Perfil
