Entre los principales cambios se incorporó la etapa de poscierre de mina, se dio mayor intervención a los municipios y se reforzó el control legislativo sobre los incentivos fiscales.

La Cámara de Diputados de San Juan sancionó este jueves la Ley de Desarrollo Local Minero, aunque el texto definitivo incorporó una serie de modificaciones respecto del proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo. Las modificaciones fueron consensuadas durante el tratamiento en comisiones y en el recinto, antes de que la iniciativa fuera aprobada por 32 votos afirmativos, dos negativos y una ausencia justificada.

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de la etapa de poscierre de mina dentro del alcance de la ley. La modificación surgió a partir de una propuesta presentada por la diputada justicialista Marisa López, que recibió el respaldo del presidente de la Comisión de Minería, Gustavo Deguer. Con esta incorporación, las obligaciones vinculadas a la contratación de trabajadores y proveedores locales también deberán contemplarse durante el proceso posterior al cese de la actividad extractiva.

Otra de las modificaciones establece que los municipios participarán en los proyectos voluntarios de desarrollo comunitario que impulsen las empresas mineras en las comunidades donde desarrollen sus actividades. El objetivo es otorgar mayor intervención a los gobiernos locales en las acciones destinadas a generar beneficios para las zonas de influencia directa.

Durante el debate legislativo también se resolvió vincular el Plan de Desarrollo de Empleo Local con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A partir de esta modificación, el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas respecto de la contratación de mano de obra sanjuanina podrá ser monitoreado durante toda la vida útil de cada emprendimiento minero.

En materia tributaria, el proyecto también sufrió cambios. El artículo referido a los beneficios fiscales fue reformulado y el texto finalmente aprobado establece que cualquier incentivo que pretenda implementar el Poder Ejecutivo deberá contar previamente con el aval de la Cámara de Diputados.

Las modificaciones también alcanzaron las metas de contratación de trabajadores de las comunidades mineras. Durante el análisis en comisiones se elevó del 20% al 30% el porcentaje mínimo de empleados provenientes de los departamentos mineros dentro del objetivo general de empleo local. Además, se incorporó una meta específica para que el 20% de los proveedores contratados pertenezcan a las comunidades de influencia directa.

Más allá de esos cambios, la ley mantiene el espíritu del proyecto original. La norma fija como objetivo que las empresas mineras avancen hacia un 80% de contratación de mano de obra sanjuanina y que hasta el 60% de las compras y contrataciones se realicen con proveedores radicados en la provincia, siempre que existan condiciones de competitividad.

Asimismo, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), que reunirá a las empresas locales habilitadas para contratar con la industria. Para integrar ese registro deberán acreditar domicilio operativo en la provincia, tributar en San Juan y contar con al menos un 80% de personal residente.

La legislación también obliga a las compañías a elaborar Planes de Desarrollo de Empleo Local y de Proveedores, con objetivos medibles y actualizaciones cada dos años.

Tras la aprobación, el gobernador Marcelo Orrego destacó que la nueva ley permitirá ampliar las oportunidades laborales para los sanjuaninos y fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad minera.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín recordó que el proyecto fue elaborado durante más de un año con la participación de organismos públicos y representantes del sector privado, mientras que el diputado Miguel Vega valoró que la norma contribuirá especialmente al crecimiento de trabajadores y proveedores de las comunidades cercanas a los emprendimientos mineros.