Sebastián Dávila aseguró que no existe ningún reclamo formal de La Rioja y ratificó que los límites con San Juan están jurídicamente resueltos.

El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, afirmó que la provincia no recibió ninguna notificación judicial ni administrativa por parte de La Rioja en relación al Proyecto Vicuña o a un eventual conflicto de límites, y sostuvo que la situación “está totalmente zanjada desde el punto de vista jurídico”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa De Sobremesa, donde el funcionario aclaró que, hasta el momento, “no hay absolutamente nada en los papeles”, por lo que no corresponde anticipar estrategias legales.

Dávila explicó que los límites interprovinciales fueron definidos en 1968 y ratificados posteriormente por leyes nacionales y acuerdos provinciales, lo que les otorga plena vigencia. “Es una ley que tiene casi 60 años y fue reafirmada en distintas instancias”, remarcó.

En caso de que surgiera un planteo formal, detalló que el conflicto debería dirimirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a través del Congreso, dependiendo de su naturaleza. Sin embargo, insistió en que actualmente no existe ningún proceso en curso.

El fiscal también relativizó el impacto de las declaraciones públicas desde La Rioja y llamó a llevar tranquilidad: “Desde el aspecto jurídico, la discusión está cerrada”, enfatizó.

No obstante, abrió la posibilidad de eventuales controversias en materia ambiental, aunque aclaró que serían de carácter puntual y no vinculadas a la delimitación territorial.

En un contexto donde el Proyecto Vicuña representa una inversión estratégica para la provincia, la definición jurídica aparece como un factor clave para sostener la seguridad institucional y la confianza de los inversores.

Mientras no se formalice ningún reclamo, el Gobierno sanjuanino se mantiene en una posición de espera, con respaldo legal consolidado y sin escenarios inmediatos de conflicto.