El fiscal de Estado sostuvo que San Juan cuenta con fundamentos legales firmes para sostener los actuales límites con La Rioja y aseguró que no existe ninguna notificación formal sobre una eventual demanda.

La controversia reabierta por la Legislatura de La Rioja sobre los límites territoriales con San Juan no tuvo, hasta el momento, ninguna consecuencia jurídica concreta para la provincia. Así lo afirmó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, durante una entrevista en el programa De Sobremesa, donde remarcó que la posición sanjuanina está respaldada por una base legal «sólida» y vigente.

Dávila sostuvo que la ley aprobada por la Legislatura riojana tiene carácter unilateral y no posee capacidad para modificar límites interprovinciales, una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación.

¿Cómo evalúa la situación planteada por La Rioja?

«Todas las posiciones son respetables y cada autoridad puede hacer lo que crea conveniente para sus intereses. Lo que sí me permito decir es que la base jurídica que rige en este caso está bastante sólida, bastante fundamentada y desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos que atenernos a lo que existe, a lo que hay y a lo que es real».

¿San Juan recibió alguna notificación judicial o administrativa?

«Desde la primera vez que nos tocó este tema hasta el día de hoy no nos ha llegado absolutamente nada».

El funcionario explicó que cualquier modificación de límites provinciales requiere una intervención nacional y descartó que una ley provincial pueda alterar la situación actual.

¿La ley sancionada por La Rioja tiene efectos sobre los límites?

«No. Es una declaración unilateral y no es justamente por donde hay que regirse para modificar un límite. Los límites territoriales se fijan a nivel nacional en acuerdos entre provincias. No puede una provincia por sí misma fijar sus límites porque es una atribución del Congreso Nacional».

Según Dávila, la provincia vecina ya intentó en otras oportunidades avanzar por la vía legislativa sin éxito.

¿Qué antecedentes existen sobre este conflicto?

«La Rioja ya ha intentado ese camino varias veces. La última fue en 2010 y no tuvo eco en el Congreso. También hubo planteos similares ante la Corte Suprema y no prosperaron porque el tribunal se declaró incompetente en una materia que corresponde al Congreso».

Uno de los principales cuestionamientos riojanos apunta a que el límite actual se apoya en la Ley 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968. Sin embargo, el fiscal de Estado recordó que esa normativa fue ratificada posteriormente por el Congreso democrático.

¿Qué validez tienen las leyes de gobiernos de facto?

«Muchísimas siguen plenamente vigentes jurídicamente. De hecho, gran parte de los límites provinciales del país fueron definidos por leyes de gobiernos de facto. Si La Rioja cuestiona ese criterio, debería revisar gran parte de sus propios límites con otras provincias».

Dávila destacó además que la vigencia de la norma fue ratificada por la Ley 26.939, sancionada en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que revisó y confirmó numerosas leyes anteriores.

¿Cuáles son los argumentos más sólidos de San Juan?

«La Ley 18.004 fue ratificada. Además, los propios intentos de legisladores riojanos por derogarla reconocen implícitamente que está vigente. Hay muchos elementos jurídicos que sostienen el límite actual».

El fiscal agregó que también existen antecedentes técnicos que respaldan la delimitación vigente, entre ellos los trabajos de georreferenciación realizados entre 2005 y 2006 por agrimensores de ambas provincias junto al Instituto Geográfico Nacional.

¿Qué pasos seguirá ahora la Fiscalía de Estado?

«Esperar. No queda otra más que esperar si hay alguna acción legal o judicial. El camino judicial es largo y el legislativo también. No creo que esto pueda resolverse en el corto plazo».

Dávila concluyó que, mientras no exista una presentación formal, San Juan continuará sosteniendo la validez de los límites actuales.

¿Los argumentos de la provincia son firmes?

«Totalmente. No hay discusión en ese sentido. Hasta tanto no exista una notificación formal, uno se guía por lo que está vigente y por lo que establece la ley».

La declaración del fiscal de Estado se produce en medio de una nueva escalada política impulsada por el gobierno de La Rioja. Sin embargo, desde la mirada jurídica de San Juan, el escenario actual no modifica el estatus legal de los límites provinciales y cualquier intento de revisión enfrentará un proceso institucional largo y complejo.