El plan oficial para habilitar edificios de gran altura abrió un fuerte debate técnico, urbano y económico. Constructores, arquitectos e ingenieros discuten entre inversiones, riesgo sísmico e infraestructura.
La intención del Gobierno de San Juan de habilitar la construcción de edificios de 20 pisos o más generó una fuerte discusión en el sector inmobiliario y profesional de la provincia. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Infraestructura, busca modificar la normativa urbana vigente para permitir desarrollos de mayor escala en zonas estratégicas del Gran San Juan.
La propuesta aparece como parte de un “master plan” urbano orientado a atraer inversiones privadas, densificar áreas céntricas y cambiar el perfil arquitectónico de la capital provincial. Sin embargo, el debate rápidamente se trasladó a cámaras empresarias, colegios profesionales y redes sociales, donde surgieron posiciones contrapuestas.
Uno de los principales apoyos llegó desde el Colegio de Arquitectos, sector que considera que San Juan necesita actualizar su modelo urbano y avanzar hacia ciudades más compactas y verticales. En redes sociales, profesionales compararon la situación local con ciudades chilenas ubicadas en zonas sísmicas similares, donde existen torres de gran altura construidas bajo estrictas normas antisísmicas.
Entre las ventajas señaladas aparecen la posibilidad de atraer capitales privados, generar empleo en la construcción y optimizar el uso del suelo urbano. También destacan que una mayor densificación permitiría reducir la expansión horizontal de la ciudad y mejorar la rentabilidad inmobiliaria en sectores estratégicos.
Pero las resistencias también son fuertes. Ingenieros, desarrolladores y parte del sector constructor advierten que San Juan posee uno de los niveles de riesgo sísmico más altos del país y sostienen que cualquier modificación debe estar respaldada por estudios técnicos, infraestructura adecuada y controles estrictos.
La principal preocupación gira alrededor de la seguridad estructural. Aunque San Juan cuenta con tradición en construcción antisísmica y normativa específica, especialistas remarcan que las torres de gran altura exigen tecnologías más complejas, mayores costos y sistemas de control mucho más rigurosos.
Otro punto sensible es el impacto económico. Constructores locales advierten que levantar edificios de más de 20 pisos implica un fuerte incremento en los costos por fundaciones especiales, materiales estructurales, ascensores, sistemas contra incendios y requerimientos técnicos adicionales. En el sector reconocen que ese tipo de proyectos solo sería viable con inversiones de gran escala y reglas urbanísticas claras.
Además, aparece el debate sobre la infraestructura urbana. Distintas voces plantean que antes de habilitar torres de gran altura la provincia debería evaluar capacidad de servicios, presión de agua, redes cloacales, tránsito, estacionamiento y evacuación en caso de emergencias.
En términos regulatorios, el avance depende de modificaciones al Código de Edificación y de nuevas autorizaciones urbanísticas. Actualmente, cualquier proyecto de gran escala requiere aprobación técnica, cálculos estructurales específicos y controles de Planeamiento Urbano.
El antecedente sísmico de San Juan atraviesa toda la discusión. Los terremotos de 1944 y 1977 marcaron históricamente el desarrollo urbano provincial y condicionaron durante décadas la construcción en altura. Investigaciones académicas sostienen que buena parte del urbanismo sanjuanino moderno nació justamente como respuesta a esos eventos.
Por ahora, el Gobierno provincial no presentó un proyecto definitivo, pero el debate ya quedó instalado. Entre quienes ven una oportunidad para modernizar la ciudad y quienes alertan sobre riesgos estructurales y urbanos, San Juan empieza a discutir hasta dónde está preparada para cambiar definitivamente su skyline.
