El médico Santiago Furlotti Barassi recibió un mes de pena condicional por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez descartó el delito de estafa y ordenó investigar a la directora del Hospital de Caucete.

El cirujano Santiago Furlotti Barassi fue condenado este viernes a un mes de prisión de cumplimiento condicional y dos meses de inhabilitación profesional en la causa que investigó el presunto cobro irregular de una cirugía en el Hospital César Aguilar de Caucete.

El juez Alberto Caballero lo declaró culpable únicamente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dejando afuera la acusación por estafa, uno de los ejes centrales del proceso judicial.

La decisión generó sorpresa entre la Fiscalía y la querella, ya que durante el juicio el Ministerio Público sostuvo que el profesional había exigido $250.000 a un paciente para realizar una práctica médica que debía ser gratuita dentro del sistema público de salud.

Tanto los fiscales como la querella, representada por Josela Echegaray Moya, anticiparon que aguardarán los fundamentos del fallo para presentar una impugnación.

La causa se originó tras la denuncia de la familia de Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles y fue operado en el hospital caucetero. Días después falleció por un paro cardíaco, aunque el médico fue desvinculado penalmente de ese desenlace.

Durante la investigación, la Fiscalía presentó conversaciones y un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta del paciente hacia una billetera virtual atribuida al cirujano.

En el juicio también declararon trabajadores del Hospital César Aguilar, quienes afirmaron que el nosocomio provee los insumos necesarios y que las prestaciones médicas son cubiertas íntegramente por el Estado.

Uno de los puntos más sensibles del debate fue la ausencia de la directora del hospital, Diana Martínez, quien no compareció pese a haber sido citada como testigo clave.

Frente a esa situación, el magistrado resolvió remitir actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para que se investigue el posible rol de la funcionaria en los hechos denunciados, tal como habían solicitado Fiscalía y querella.

El fallo modificó de manera sustancial el alcance de la acusación inicial y abrió interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del sistema sanitario público provincial. La eventual revisión de la sentencia y la nueva investigación sobre autoridades hospitalarias podrían extender el impacto judicial y político del caso.