El abogado Marcelo Arancibia aseguró en el programa “De Sobremesa” que la maniobra atribuida a Global Market y GMI Inversiones combinaba un esquema Ponzi con operaciones bursátiles fraudulentas. El perjuicio ya superaría los $8.000 millones.

La presunta estafa financiera que involucra a las firmas Global Market y GMI Inversiones podría convertirse en uno de los mayores escándalos económicos de la historia reciente de San Juan. Así lo afirmó el abogado Marcelo Arancibia, representante de un grupo de damnificados, durante una entrevista en el programa televisivo “De Sobremesa”, donde explicó en detalle cómo habría funcionado la maniobra investigada.

Según sostuvo el letrado, el perjuicio económico inicial ya oscilaría entre 5 y 6 millones de dólares, equivalentes a unos $8.000 a $9.000 millones, aunque advirtió que el monto podría aumentar a medida que venzan nuevos contratos financieros aún vigentes.

Un doble esquema financiero

Arancibia describió que la operatoria se apoyaba sobre dos mecanismos simultáneos. Por un lado, señaló la existencia de un presunto esquema Ponzi, mediante el cual se ofrecían tasas de interés extraordinariamente superiores a las del mercado para captar inversores.

“Prometían rendimientos imposibles de sostener”, explicó el abogado en “De Sobremesa”, al indicar que los pagos iniciales se habrían financiado con el ingreso de nuevos clientes, una modalidad típica de las estafas piramidales.

Pero la maniobra más compleja, según la denuncia, habría ocurrido dentro del mercado bursátil.

Cheques electrónicos “basura”

De acuerdo al relato de Arancibia, las empresas utilizaban cuentas comitentes de clientes para vender títulos y bonos garantizados a través de una operadora de bolsa identificada como Rosario Valores.

Con esos fondos, presuntamente adquirían cheques electrónicos sin respaldo financiero emitidos por la firma mendocina Ecochón SAS, que estaría vinculada familiarmente con algunos de los acusados.

El problema aparecía al vencimiento de esos instrumentos. “Los cheques rebotaban y las cuentas quedaban vacías”, sostuvo el abogado.

Según detalló, hubo clientes que perdieron entre 100.000 y 500.000 dólares en menos de un mes, luego de que sus inversiones fueran reemplazadas por activos sin valor de cobro.

La excusa minera

Arancibia también cuestionó la explicación brindada por las empresas cuando comenzaron a incumplir pagos y contratos.

Según indicó, los responsables argumentaron que el problema financiero se originó porque el Ministerio de Minería de San Juan no aprobó una declaración de impacto ambiental vinculada a una explotación de cuarzo y una calera.

Para la querella, esa justificación “no tiene sentido”, ya que los damnificados habrían firmado contratos de mutuo financiero y no inversiones de riesgo minero.

Pedidos de detención y congelamiento

La investigación apunta principalmente contra empresarios de apellido Ahumada, vinculado a GMI Inversiones, y Cañadas, relacionado con Global Market.

La querella pidió la detención inmediata de ambos empresarios, además de familiares, un contador y un empleado administrativo que también aparecen mencionados en la causa.

En paralelo, solicitaron el congelamiento urgente de cuentas bancarias, bienes y activos financieros para evitar una eventual fuga de capitales o el vaciamiento patrimonial de las firmas investigadas.

Críticas a la investigación judicial

Uno de los puntos más sensibles expuestos por Arancibia fue la supuesta falta de capacidad técnica del sistema judicial sanjuanino para abordar delitos económicos de alta complejidad.

El abogado advirtió que la provincia no cuenta con suficientes especialistas en investigaciones financieras y alertó sobre el riesgo de pérdida de pruebas clave mientras avanzan las actuaciones.

La preocupación crece porque, según la querella, las demoras podrían facilitar la destrucción de documentación, el ocultamiento de activos o incluso movimientos de dinero hacia estructuras difíciles de rastrear.

Mientras la causa avanza y aparecen nuevos damnificados, el caso ya genera fuerte impacto en sectores empresariales y financieros de San Juan, donde crece la inquietud por el nivel de control estatal sobre operaciones de inversión privada y mercados no tradicionales.