Cuatro ex jefes de la Armada comenzaron a ser juzgados por el hundimiento que causó la muerte de 44 tripulantes. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz prevé un veredicto para mediados de julio.
Comenzó este martes el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia naval que el 15 de noviembre de 2017 provocó la muerte de 44 tripulantes. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con asiento en Río Gallegos, y tiene en el banquillo a cuatro altos mandos de la Armada Argentina.
Los imputados son Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.
El proceso se realiza de manera virtual y las familias de las víctimas siguen las audiencias desde distintos puntos del país.
Tribunal y etapas del debate
El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Según la planificación inicial, el veredicto podría conocerse a mediados de julio.
Durante los primeros días se prevé la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por los fiscales Luis Alberto Colla, subrogante de la Fiscalía de Caleta Olivia, y María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Posteriormente declararán los acusados, quienes, según fuentes del caso, responderán preguntas con el objetivo de sostener su inocencia.
Las querellas y las expectativas
Los familiares de los tripulantes están representados por dos querellas. Una es encabezada por la abogada Valeria Carreras y la otra por Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas.
Mientras un sector de las familias considera que el juicio puede aportar un cierre institucional tras más de ocho años de espera, otro grupo sostiene que aún existen dudas técnicas sobre las causas del hundimiento y cuestiona que el proceso se realice en Río Gallegos y no en Mar del Plata, base de operaciones del submarino.
La reconstrucción del hundimiento
El ARA San Juan partió de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 rumbo a Ushuaia y el 8 de noviembre inició su última misión de patrullaje en el Atlántico Sur.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el submarino informó un ingreso de agua por los conductos de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías número tres y generó un cortocircuito seguido de un principio de incendio.
Los peritajes determinaron que el contacto del agua de mar con las baterías produjo una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo. Tras varias horas de acumulación, se habría producido una explosión interna que dejó a la tripulación sin capacidad de maniobra.
Los registros oficiales consignan que el 15 de noviembre ocurrió una “pérdida repentina de plano”, es decir, un descenso descontrolado que derivó en la implosión del casco a más de 600 metros de profundidad, donde la estructura no podía resistir la presión.
Estado operativo y mantenimiento
La acusación sostiene que el submarino presentaba deficiencias antes de zarpar. Documentación incorporada a la causa indica que la nave llevaba 26 meses de retraso respecto del intervalo reglamentario para ingresar a dique seco, procedimiento que permite inspeccionar y reparar integralmente casco y sistemas externos.
Además, la Armada había establecido una restricción que prohibía descender a más de 100 metros, debido a limitaciones operativas.
Para la Fiscalía, pese a estas advertencias, no se ordenaron reparaciones inmediatas ni se suspendieron las misiones.
Responsabilidades atribuidas
El fiscal Colla fundamentó las imputaciones en las funciones específicas de cada acusado.
A López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento, se le atribuye no haber supervisado adecuadamente el cumplimiento de normativas vinculadas al resguardo de la unidad.
Villamide, como comandante de la Fuerza de Submarinos, conocía el vencimiento de garantías preventivas y habría recibido pedidos para enviar la nave a reparaciones urgentes.
Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, firmó la orden operativa que dispuso la navegación hacia el sur y, según la acusación, estaba al tanto de las limitaciones técnicas.
Finalmente, a Correa, director operativo de comunicaciones, se le reprocha haber participado en la planificación del ejercicio naval sin garantizar un sistema de comunicación eficiente entre el submarino y tierra.
El juicio representa la instancia más relevante en el plano penal desde el hundimiento y busca determinar si existieron responsabilidades funcionales en la cadena de mando que precedieron a la tragedia que marcó a la Armada Argentina y al país.
