Tras meses de demoras, inhibiciones y recusaciones, quedó conformado el cuerpo que analizará las apelaciones contra la histórica condena a Santiago Graffigna en la megacausa por fraude al Estado.
La megacausa de expropiaciones dio un paso clave en San Juan: a 10 meses del histórico fallo condenatorio, finalmente quedó integrado el tribunal que deberá revisar las apelaciones contra la sentencia que condenó al abogado Santiago Graffigna a 7 años y 8 meses de prisión por fraude contra la administración pública y asociación ilícita.
El nuevo cuerpo estará integrado por los jueces Eduardo Raed, Renato Roca y Ana Lía Larrea, quienes asumirán la revisión de los recursos de casación presentados por las defensas, siempre que ninguna de las partes objete su participación.
La conformación llegó después de una compleja secuencia de apartamientos judiciales. Los magistrados Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez, inicialmente sorteados, terminaron inhibiéndose de intervenir luego de cuestionamientos impulsados por la defensa de Graffigna, que alegó antecedentes de participación previa en incidencias del expediente y posible afectación de imparcialidad.
La revisión de la condena se transformó en un laberinto institucional por las sucesivas inhibiciones dentro de la Corte de Justicia. Antes ya se habían apartado ministros del máximo tribunal provincial por antecedentes funcionales, vínculos previos o relaciones personales con actores vinculados a la causa. Entre ellos figuraron Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur.
El caso representa uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de las últimas décadas en San Juan. La sentencia dictada en julio de 2025 condenó a 9 de los 12 imputados por maniobras ligadas al cobro irregular de expropiaciones sobre terrenos vinculados a zonas estratégicas como Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez, con un fuerte impacto económico sobre las arcas públicas.
El fallo original, emitido por el tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, aún no está firme. Precisamente, la instancia de casación buscará determinar si existieron errores jurídicos, defectos procesales o una aplicación incorrecta de la ley durante el juicio.
La integración del nuevo tribunal destraba una causa que permanecía virtualmente paralizada y abre ahora una etapa decisiva: la revisión de una sentencia considerada histórica, cuyo resultado puede confirmar, modificar o revertir una de las condenas por corrupción institucional más relevantes de la historia judicial sanjuanina.
