Fiscalía analiza miles de documentos y no descarta imputaciones por presuntas irregularidades en una obra clave para el abastecimiento de agua.
La investigación por presuntas irregularidades en la compra de caños del Acueducto Gran Tulum avanza en una etapa preliminar, con gran volumen de documentación bajo análisis y sin definiciones aún sobre responsabilidades penales.
El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la causa junto a Francisco Pizarro, confirmó en rueda de prensa que el equipo trabaja con “numerosa información” remitida desde organismos oficiales, aunque advirtió que “todavía no está completa” y que el proceso sigue en fase de recolección.
“La investigación apunta a determinar si existió o no un hecho delictivo desde la génesis de la obra y, en su caso, establecer responsables”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que los informes difundidos públicamente aún no pueden ser convalidados sin un análisis integral.
El expediente se tramita dentro de un plazo inicial de 90 días, prorrogable por otros 90, período en el que no se descartan citaciones, pedidos a empresas ni allanamientos, aunque el avance dependerá del sustento probatorio.
Contexto técnico y económico
La causa tomó impulso tras la difusión de un informe técnico que concluye que las cañerías instaladas no son aptas para transporte de agua potable, ya que corresponden a sistemas de cloacas y desagües y podrían contener materiales potencialmente tóxicos.
El Acueducto Gran Tulum es una obra estratégica diseñada para abastecer a una población proyectada de un millón de habitantes, financiada con un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a devolver.
La provisión de cañerías estuvo a cargo de la empresa Krah, adjudicataria de licitaciones entre 2015 y 2017, con montos que superaron los $1.300 millones. En ese proceso, incluso se registraron advertencias previas sobre el carácter experimental de los materiales y sobreofertas respecto al presupuesto oficial.
El caso ingresó formalmente a la Justicia en diciembre de 2025, tras una denuncia por presuntas irregularidades en la licitación, calidad de insumos y posible malversación de fondos. En febrero de 2026, la Provincia se constituyó como querellante.
Etapa clave
Hasta el momento, la Fiscalía no avanzó sobre imputaciones ni convocó a exfuncionarios, ya que prioriza consolidar evidencia. “Para afirmar una situación así necesitamos más que un informe”, enfatizó Gómez.
En paralelo, organismos técnicos como el INTI podrían intervenir para validar o refutar los estudios existentes, lo que será determinante para el rumbo del expediente.
Si se confirman las fallas estructurales, el impacto sería doble: judicial, por eventuales responsabilidades penales, y económico, por la posible necesidad de reemplazar cañerías en una obra millonaria ya en ejecución. El caso se encamina así a una fase decisiva, con consecuencias potenciales para la infraestructura hídrica y las cuentas públicas provinciales.
