La Justicia postergó hasta el 20 de marzo la definición sobre el acuerdo que podría evitar el juicio contra el intendente de Angaco por malversación de caudales públicos.
La Justicia provincial definirá el 20 de marzo si el intendente de Angaco, José Castro, logra evitar el juicio en la causa en la que está acusado de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La decisión se tomó durante una audiencia realizada este viernes en tribunales, donde se analizó el acuerdo firmado entre el jefe comunal y el Concejo Deliberante, mediante el cual Castro busca cerrar el conflicto judicial mediante una reparación económica.
El convenio propone que el intendente done $5 millones a Cáritas del departamento como forma de resarcimiento. Durante la audiencia, Castro volvió a declararse inocente y defendió el acuerdo presentado por su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Fernández.
Sin embargo, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi cuestionó duramente el pacto y lo calificó de “ilegal”, al considerar que tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante se atribuyeron facultades propias del Ministerio Público y del Poder Judicial.
A raíz de esa situación, la fiscal presentó una denuncia que ahora es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, lo que abrió un nuevo frente judicial para el intendente.
En paralelo, el proceso continuará la próxima semana: el 11 de marzo se realizará una audiencia de formalización impulsada por el fiscal Francisco Nicolía, en el marco de la denuncia presentada por Gerarduzzi.
La resolución que adopte la Justicia el 20 de marzo será clave para el futuro del expediente. Si el acuerdo es rechazado, Castro deberá enfrentar un juicio penal, en una causa que mantiene fuerte impacto político en el departamento de Angaco y en el escenario institucional de la provincia.







