El organismo provincial cuestionó una resolución del ENRE que otorga a una empresa minera el uso prioritario del 90% de una línea eléctrica clave en San Juan.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) advirtió que podría iniciar acciones judiciales contra el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) si no se revisa la resolución que otorga a una empresa minera el uso prioritario de una infraestructura eléctrica estratégica para la provincia.
El conflicto se originó tras la decisión nacional que habilita al proyecto minero Vicuña Argentina S.A. a disponer de hasta el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea de 500 kV Nueva San Juan – Rodeo, un corredor energético clave para el norte sanjuanino.
Reclamo por el uso de una obra estratégica
La posición del organismo provincial quedó expresada en una nota enviada al interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lamboglia, en la que se solicita la convocatoria a una audiencia pública para revisar la medida.
Desde el EPRE consideran que la decisión nacional compromete la capacidad energética futura de San Juan y podría afectar el abastecimiento de otros proyectos productivos o grandes consumidores.
En el documento, el organismo advierte que la resolución “constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso” al sistema eléctrico y que subordina el interés general de la provincia a un interés privado particular.
Una línea eléctrica financiada por Nación y la provincia
El corredor energético en cuestión conecta la Estación Transformadora Nueva San Juan con Rodeo y forma parte de una infraestructura estratégica desarrollada en conjunto entre Nación y la provincia, con una inversión cercana a 100 millones de dólares.
Según el planteo del EPRE, permitir que un solo proyecto capture la mayor parte de la capacidad disponible podría limitar el acceso a la red para futuras demandas energéticas en la provincia.
Oposición de otros actores del sector
Además del organismo provincial, otras empresas mineras también presentaron objeciones formales a la medida y reclamaron que se convoque a una audiencia pública para discutir el impacto de la resolución.
El ENRE estableció un plazo de 10 días hábiles para que los actores que se consideren afectados presenten su oposición fundada. Si se registran objeciones coincidentes, el organismo nacional deberá convocar a una audiencia pública.
El trasfondo energético y minero
El caso se da en un contexto de expansión de grandes proyectos mineros en San Juan, que demandan altos niveles de suministro eléctrico para su operación.
En paralelo, la provincia analiza nuevas obras de transporte eléctrico en extra alta tensión, entre ellas la energización en 500 kV del sistema Nueva San Juan – Rodeo y la línea Rodeo – Chaparro, con posibles esquemas de financiamiento público-privado.
Posible judicialización del conflicto
El EPRE también planteó que el proyecto minero debería acordar con la provincia los aportes necesarios para utilizar la infraestructura existente y financiar ampliaciones del sistema si requiere mayor capacidad energética.
En caso de que el ENRE mantenga la resolución sin modificaciones, el organismo provincial dejó expresamente abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia para “salvaguardar los derechos de las personas usuarias de San Juan”.
La disputa podría escalar así del plano técnico al judicial, en un debate que combina energía, minería y control de infraestructura estratégica, tres ejes clave para el desarrollo económico de la provincia.
