El jefe de Gabinete canceló su contacto con la prensa en medio de cuestionamientos patrimoniales y una investigación judicial en curso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, canceló la conferencia de prensa prevista para este miércoles y concentrará su agenda en la Quinta de Olivos, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre su patrimonio y creciente presión política. La decisión se confirmó horas antes del evento, pese a que su entorno había anticipado su realización.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el funcionario “tiene agenda en Olivos”, sin precisar detalles sobre las actividades que desarrollará junto al presidente Javier Milei. La suspensión ocurre luego de que Adorni retomara el contacto con la prensa la semana pasada, tras 45 días sin conferencias.

El trasfondo de la decisión está marcado por una serie de revelaciones sobre la situación patrimonial del funcionario. En las últimas semanas, Adorni quedó bajo investigación judicial por la adquisición de propiedades y movimientos financieros. La causa está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes avanzan con medidas de prueba, entre ellas la citación de una escribana vinculada a una operación inmobiliaria.

Según trascendió, el expediente incluye una hipoteca de 200.000 dólares y la incorporación de dos propiedades desde su ingreso a la función pública, sin desprenderse de activos previos. A esto se suman cuestionamientos por viajes, tanto en vuelos oficiales como privados, que incrementaron la exposición mediática del caso.

El impacto también se refleja en el plano político y comunicacional. De acuerdo con mediciones recientes, Adorni acumuló 2.331.000 menciones en redes sociales, con un 87% de negatividad, evidenciando un deterioro acelerado de su imagen pública en las últimas semanas.

En la Casa Rosada, las posturas sobre la conveniencia de la conferencia estaban divididas. Mientras algunos funcionarios consideraban necesario sostener la exposición pública, otros impulsaron la suspensión para evitar nuevas tensiones en medio de las revelaciones.

La expectativa oficial se centra ahora en la presentación de la declaración jurada patrimonial, cuyo plazo vence el 31 de mayo, y que el Gobierno considera clave para desactivar la crisis. Sin embargo, la continuidad de la investigación judicial y el impacto político del caso mantienen abierto un frente sensible para la administración Milei, en un escenario donde la transparencia y la credibilidad aparecen como variables críticas hacia adelante.