El jefe de Gabinete reactiva su gestión con anuncios y reuniones mientras avanza una investigación judicial por su patrimonio.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta recuperar protagonismo político y control de la agenda pública con una serie de reuniones y anuncios, en medio de una causa judicial que lo mantiene bajo escrutinio por su patrimonio.
En las últimas horas, el funcionario encabezó actividades de gestión, incluyendo reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de Salud, Mario Lugones, además de anticipar el envío al Congreso de una nueva Ley de Salud Mental.
El movimiento se da tras semanas de cuestionamientos por inconsistencias en su declaración patrimonial y una investigación en curso en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan propiedades no declaradas y viajes al exterior.
Pese al escenario judicial, Adorni mantiene el respaldo del núcleo del Gobierno. El presidente Javier Milei reforzó su rol al instruir a los ministros a canalizar gestiones a través de su figura, en lo que desde el oficialismo interpretan como un “empoderamiento” político.
En paralelo, la causa avanza con nuevas medidas: fue citada a declarar una escribana vinculada a operaciones inmobiliarias del funcionario, mientras la Justicia analiza movimientos migratorios y documentación patrimonial.
El horizonte institucional marca dos fechas clave: el 29 de abril, cuando Adorni deberá presentarse ante el Congreso para responder unas 4.800 preguntas de legisladores, y el 31 de mayo, plazo para la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
La estrategia oficial apunta a sostener la centralidad política del jefe de Gabinete mientras se desarrolla el frente judicial. El resultado de ambas instancias —parlamentaria y judicial— será determinante para su continuidad y para la estabilidad del esquema de poder en el Gobierno nacional.







