La compañía aclaró que la obra adjudicada representa sólo una cuarta parte del proyecto total y aseguró que el montaje se realizará en Argentina. Además, destacó la necesidad de fortalecer las condiciones para que las firmas locales puedan liderar futuros contratos.

Tras las repercusiones que generó la adjudicación de la primera etapa del campamento del proyecto minero Vicuña a un consorcio con participación china, la empresa salió a explicar los alcances de la contratación y puso el foco en los desafíos que enfrentan las compañías argentinas para competir en grandes desarrollos internacionales.

El director de Vicuña, José Morea, precisó que la licitación recientemente otorgada corresponde únicamente al primer módulo habitacional del futuro complejo destinado a albergar trabajadores, una obra que representa apenas el 25% de la infraestructura total proyectada. Según indicó, aún restan tres procesos licitatorios para completar el campamento.

Las aclaraciones llegaron luego de las críticas expresadas por sectores vinculados a los proveedores mineros, que cuestionaron la participación de empresas extranjeras en la provisión de los módulos. El contrato fue adjudicado a una unión conformada por las compañías PowerChina, Beijing Chengdong y la firma argentina RAFA S.A.

Durante un encuentro con periodistas, Morea sostuvo que, más allá del origen de algunos insumos, la fabricación final de las estructuras se concretará en territorio nacional. En ese sentido, explicó que la importación de materiales desde China responde a cuestiones de costos y competitividad, una práctica que, a su entender, hubiera sido adoptada por cualquier oferente que resultara ganador.

El ejecutivo planteó además que la discusión debería trascender el resultado puntual de la licitación y centrarse en los factores que dificultan que las empresas argentinas puedan competir en igualdad de condiciones con compañías internacionales. Entre los aspectos a revisar mencionó la estructura impositiva y otros condicionantes que afectan a la cadena de valor local.

Asimismo, remarcó que la empresa exigirá a sus contratistas priorizar la contratación de trabajadores de la provincia y afirmó que gran parte del impacto económico derivado de la obra permanecerá en San Juan a través de empleo y servicios asociados.

Morea también justificó la decisión de avanzar de manera inmediata con esta primera etapa del campamento al señalar que resulta clave para respetar los plazos previstos del proyecto minero. Según explicó, cualquier demora podría afectar el objetivo de comenzar la producción de concentrado de cobre hacia el año 2030.

Finalmente, consideró que las próximas licitaciones representan una oportunidad para fortalecer la participación de empresas nacionales y provinciales, con el desafío de mejorar sus niveles de competitividad para asumir un rol más protagónico en futuras contrataciones vinculadas al desarrollo de la actividad minera.