Docentes y trabajadores de la UNSJ llevaron a la Justicia un presunto fraude inmobiliario tras asegurar que pagaron más de un millón de dólares por terrenos que nunca fueron entregados.
Cerca de 100 docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) iniciaron acciones judiciales por una presunta estafa vinculada a un desarrollo inmobiliario. Los denunciantes sostienen que abonaron más de un millón de dólares por lotes destinados a la construcción de viviendas, pero aseguran que la empresa desarrolladora incumplió los compromisos asumidos y nunca concretó la entrega de los terrenos.
La denuncia apunta contra la firma Prycsa, presidida por Leonardo Siere, ex presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, con la que los compradores firmaron contratos para acceder a los lotes. Según manifestaron, durante los últimos años realizaron los pagos acordados con la expectativa de avanzar en el proyecto habitacional, aunque afirman que las obras comprometidas no registraron el desarrollo previsto.
Reclamos sin respuestas
De acuerdo con la presentación judicial, los afectados realizaron durante meses distintos reclamos para conocer el estado del emprendimiento y exigir el cumplimiento de los contratos.
Sin embargo, sostienen que las respuestas recibidas fueron insuficientes y que no hubo avances concretos en la urbanización ni en la entrega de los terrenos, situación que terminó por profundizar el conflicto.
Ante ese escenario, el grupo resolvió abandonar la vía extrajudicial y acudir a los tribunales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que se determinen las eventuales responsabilidades.
Un caso de fuerte impacto
La causa adquiere relevancia por la cantidad de personas involucradas y por el monto económico comprometido. Según los denunciantes, la inversión conjunta supera el millón de dólares, lo que convierte al caso en uno de los conflictos inmobiliarios de mayor magnitud registrados recientemente en San Juan.
Por el momento, la presentación judicial está centrada en el presunto incumplimiento de los contratos relacionados con la entrega de los lotes. Será la Justicia la que deba analizar la documentación, los pagos efectuados y el grado de avance real del emprendimiento para determinar si existió responsabilidad civil o penal por parte de la empresa denunciada.
Mientras el expediente comienza su recorrido judicial, los compradores esperan una resolución que les permita recuperar su inversión o acceder finalmente a los terrenos por los que aseguran haber pagado.
