AMET y UDAP aseguraron que el paro nacional convocado por CTERA tuvo un alto nivel de adhesión en San Juan y cuestionaron la intimación de la Subsecretaría de Trabajo. Ambos sindicatos sostienen que el organismo provincial no tenía competencia para intervenir y anticiparon acciones judiciales.

Los gremios docentes de San Juan aseguraron que el paro nacional convocado por CTERA registró una alta adhesión en la provincia y endurecieron su postura frente a la Subsecretaría de Trabajo, a la que acusaron de intervenir sin competencia en un conflicto de alcance nacional. AMET y UDAP confirmaron que impugnarán la intimación recibida y advirtieron que, si es necesario, llevarán el caso a la Justicia.

En declaraciones a Radio Mil20, el secretario adjunto de AMET, Francisco Campos, estimó que el acatamiento alcanzó entre el 70% y el 75% y confirmó que el sindicato presentó un recurso de reconsideración contra la intimación provincial.

«Estamos realizando un descargo y, si es necesario, vamos a defender nuestra postura en la Justicia», afirmó. Además, adelantó que pedirán la nulidad de la resolución y la suspensión de sus efectos.

Campos sostuvo que, tras consultar con sindicatos docentes de otras provincias, no encontraron antecedentes de una medida similar. «Somos la única provincia donde ocurrió esta intimación», aseguró.

Desde UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga informó que el relevamiento del gremio registró una adhesión del 98% en el nivel primario, 95% en el secundario y 78% en el nivel superior, donde la asistencia fue mayor por la realización de mesas de exámenes.

«Fue un alto acatamiento en todos los niveles», resumió la dirigente.

Quiroga explicó que tanto UDAP como AMET recibieron una cédula de la Subsecretaría de Trabajo para informar cómo garantizarían el 75% de prestación del servicio educativo, en el marco de la normativa sobre servicios esenciales. Sin embargo, sostuvo que la medida de fuerza correspondía al ámbito nacional y que la intervención debió recaer en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Esto es un paro nacional. Esa cédula debió haber sido enviada a CTERA y no a los gremios provinciales», afirmó.

La dirigente también cuestionó la exigencia de asegurar un nivel mínimo de presencialidad docente al considerar que limita el derecho constitucional de huelga. «¿Cómo garantizás en una escuela que el 75% de los docentes esté trabajando? Es una forma de impedir que los paros puedan concretarse», señaló.

Quiroga recordó además que a comienzos de año UDAP debió suspender otra medida de fuerza tras recibir una notificación similar de la autoridad laboral provincial.

Entre los reclamos que motivaron el paro, los gremios mencionaron la convocatoria a una nueva paritaria nacional docente, la actualización del salario mínimo del sector, la restitución del FONID y del adicional por conectividad, además de la recuperación de los fondos nacionales destinados al sistema educativo y a las escuelas técnicas y agrotécnicas.

Según la dirigente de UDAP, la Provincia realiza un esfuerzo para compensar parte de esos recursos, aunque consideró que no alcanza para reemplazar el financiamiento que dejó de enviar el Gobierno nacional.

Con el paro ya concretado, el conflicto suma ahora un frente judicial. Los gremios buscarán que se declare inválida la intimación de la Subsecretaría de Trabajo, mientras el debate sobre el alcance de la normativa de servicios esenciales y el derecho a huelga promete continuar en los tribunales.