El juez penal de niñez y adolescencia aportó datos locales que relativizan el debate por la baja de la edad de imputabilidad y advirtió que, sin políticas públicas integrales, una reforma legal no impactará en la inseguridad.

En el marco del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el juez penal de niñez y adolescencia Jorge Toro aseguró que la participación de menores en la criminalidad general es mínima y no alcanza el 1%, un dato que —según remarcó— resulta clave para poner en contexto una discusión atravesada más por percepciones sociales que por estadísticas concretas.

Con más de trece años de experiencia en el fuero, Toro explicó que los dos juzgados especializados intervienen cada año en entre 700 y 800 casos que incluyen delitos, faltas y contravenciones cometidas por personas menores de 18 años. La cifra, sostuvo, se mantiene estable en el tiempo y contrasta con la idea extendida de un crecimiento sostenido del delito juvenil.

“La incidencia del delito juvenil en el delito en general es muy baja”, afirmó el magistrado en declaraciones a Radio Sarmiento, y subrayó la necesidad de analizar datos reales antes de impulsar modificaciones legislativas centradas exclusivamente en el endurecimiento penal.

Baja reincidencia y un núcleo persistente

Las estadísticas judiciales muestran también un dato considerado alentador. Entre el 75% y el 76% de los jóvenes que tienen su primer contacto con la Justicia no reinciden, y si se analizan los hechos de manera aislada, el porcentaje de no reiteración delictiva asciende a casi el 90%.

Sin embargo, Toro explicó que existe un núcleo reducido cercano al 10% que reincide de forma constante. Se trata, en general, de adolescentes atravesados por situaciones de extrema vulnerabilidad, con abandono escolar, conflictos familiares y consumos problemáticos.

“El Estado conoce a esos chicos, los conoce la escuela, el sistema de salud, los programas sociales y la Justicia, pero muchas veces no logramos articular respuestas integrales”, advirtió.

La edad de imputabilidad en discusión

Respecto de la posible inclusión de jóvenes de 14 y 15 años en el régimen penal, Toro señaló que este grupo representa aproximadamente el 25% de los delitos cometidos por menores, aunque aclaró que la gravedad de los hechos suele ser baja y que los delitos complejos son excepcionales.

En más de una década al frente del juzgado, aseguró haber intervenido en un solo caso de homicidio cometido por un menor de 15 años. Sumando ambos juzgados, los hechos graves en esa franja etaria no superan cuatro o cinco casos en más de diez años.

Desde la psicología y la neurociencia, agregó, existe consenso en que los adolescentes pueden comprender la ilegalidad de sus actos, pero no cuentan con un desarrollo cerebral completo para controlar impulsos. Por ese motivo, organismos internacionales desaconsejan bajar la edad de imputabilidad, al no evidenciar mejoras en los índices de seguridad.

El rol de las políticas públicas

Para el magistrado, la discusión sobre la edad penal resulta secundaria si no se implementan políticas públicas que aborden las causas estructurales del problema. También advirtió sobre el riesgo de regresar a modelos antiguos basados en la internación masiva, que históricamente no lograron resultados positivos y profundizaron la exclusión.

“La familia, la escuela, la comunidad y los espacios deportivos siguen siendo factores de protección clave”, sostuvo. Finalmente, Toro reconoció el impacto emocional que generan ciertos delitos en las víctimas, pero insistió en que la respuesta estatal no puede limitarse al castigo o al encierro.

“Si no generamos herramientas reales para abordar la vulnerabilidad, bajar la edad de imputabilidad será apenas una anécdota. El delito juvenil no va a bajar solo por modificar un número en la ley”, concluyó.