Castro presentó una oferta de reparación integral para frenar el proceso por malversación de fondos, citando el antecedente judicial de la Fiesta de Olivos.

El debate oral y público contra el intendente de Angaco, José Castro, quedó suspendido de manera provisoria. La decisión del tribunal llega tras un planteo de la defensa que busca aplicar la figura de reparación integral del daño, ofreciendo una suma de 5 millones de pesos para extinguir la acción penal y evitar que el jefe comunal se siente en el banquillo de los acusados.

Castro llega a esta instancia procesal imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa, que se remonta a fines de 2019, investiga el presunto uso de maquinaria y personal municipal para realizar obras de nivelación y limpieza en un terreno privado, propiedad del intendente, ubicado en el departamento de Chimbas.

La propuesta económica, presentada por el abogado Marcelo Fernández, estipula que el monto del resarcimiento sea donado a una institución benéfica de Angaco. Con este movimiento, la defensa técnica busca cerrar el expediente antes del inicio de las audiencias, argumentando que el perjuicio al Estado puede ser subsanado de manera pecuniaria, evitando así una posible condena que afecte su cargo.

En el plano político, el planteo generó una rápida reacción en el Concejo Deliberante local, que aprobó el acuerdo en una sesión relámpago con tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Esta celeridad, sumada a la escasa difusión de la sesión, despertó fuertes críticas de la oposición departamental, quienes tildaron el procedimiento de «poco transparente» y de ser una maniobra para garantizar impunidad.

Para sustentar jurídicamente el pedido, los letrados de Castro citaron el mediático caso del «Olivosgate», donde el expresidente Alberto Fernández logró cerrar la causa por la fiesta en la Quinta de Olivos mediante un pago económico. Bajo esta línea de jurisprudencia nacional, la defensa sostiene que el criterio debe ser el mismo para el intendente angaquero, aun tratándose de un funcionario en pleno ejercicio de sus funciones.

Ahora, la resolución final recae sobre el tribunal, que deberá determinar si los 5 millones de pesos son suficientes para compensar el presunto uso irregular de los recursos públicos o si, por el contrario, el proceso debe seguir su curso hacia el juicio oral.