El Tribunal Oral Federal N°5 dictó hoy su veredicto en la causa Sueños Compartidos, el juicio por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado nacional había girado para la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El exsecretario de Obras Públicas José López fue condenado a 2 años y nueve meses de prisión, al igual que el exsubsecretario Abel Fatala. Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la fundación, recibieron penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en cambio, fue absuelto.
El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, también condenó como partícipes secundarios a los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y a los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano.
El fallo se conoció al filo de la prescripción: la fiscalía había advertido que este martes se cumplían seis años desde el último acto interruptivo válido del proceso, lo que habría extinguido la acción penal. El tribunal rechazó los planteos de prescripción presentados por las defensas.
Durante el juicio, el fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera, como querellante, habían pedido la pena máxima de seis años de prisión para López, Fatala, De Vido y los Schoklender, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta agravada. También reclamaron el decomiso de los 206 millones de pesos desviados, actualizados por inflación, con destino a programas de vivienda social.
La causa se remonta a 2011, cuando estalló el conflicto entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini, pero recién llegó a juicio oral el 4 de marzo de este año, tras quince años de instrucción. Se investigó el destino de los fondos girados entre 2008 y 2011 a la fundación para levantar viviendas y centros de salud en distintas provincias: de los casi 748,7 millones de pesos administrados, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron derivados hacia empresas vinculadas a los apoderados, mediante adjudicaciones directas sin licitación.
En sus últimas palabras, Sergio Schoklender defendió la ejecución del programa habitacional. Las defensas ya anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que ninguna de las condenas quedará firme por el momento. Además, sigue pendiente un segundo tramo de la causa, centrado en el presunto lavado de dinero derivado del desvío de fondos.
