Sturzenegger calificó de “aberración” el sistema y afirmó que se recaudaron US$300 millones sin resultados concretos.

El Gobierno nacional profundizó su giro en la política vitivinícola al defender la eliminación del financiamiento obligatorio a la COVIAR y el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). El ministro Federico Sturzenegger fue el principal vocero de la medida y lanzó duras críticas al esquema vigente durante más de dos décadas.

“Terminamos con esta aberración”, afirmó el funcionario, al cuestionar un sistema en el que el Estado recaudaba aportes que luego eran destinados a una entidad privada. Según detalló, entre 2004 y 2025 se recaudaron unos US$300 millones sin que se cumplieran los objetivos planteados .

El balance oficial sobre el PEVI fue negativo: las exportaciones nunca alcanzaron la meta de US$2.000 millones anuales y la participación argentina en el comercio mundial de vino se mantuvo por debajo del 2,5%, lejos del objetivo del 10%.

Sturzenegger también apuntó contra el esquema de contribuciones obligatorias, que se aplicaban sobre distintas etapas de la producción —desde la uva hasta el vino embotellado— y que, según sostuvo, afectaban la competitividad del sector.

La resolución 55/2026 marca el fin de ese modelo y establece un cambio de paradigma: el financiamiento de las entidades deberá ser voluntario, bajo lógica de mercado y asociación libre. No obstante, la COVIAR continuará existiendo como institución.

La decisión se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno y reabre el debate sobre el rol del Estado en economías regionales clave. El impacto en la vitivinicultura dependerá de la capacidad del sector para reorganizarse sin financiamiento compulsivo y sostener su competitividad en un mercado global exigente.