La histórica cooperativa láctea acumula US$ 120 millones de pasivo y salarios impagos, en medio de una crisis estructural.

La cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en el marco del concurso de acreedores que atraviesa desde 2025, con una deuda estimada en US$ 120 millones y ocho meses de salarios impagos. La presentación fue confirmada por el sindicato Atilra.

El pedido se realizó ante el juzgado civil y comercial de Rafaela que lleva el proceso concursal, luego de informes técnicos que acreditaron un estado de “cesación de pagos, insolvencia patrimonial general y definitiva”.

Desde el gremio señalaron que la decisión “no modifica la situación de fondo”, pero expone la gravedad del cuadro financiero. Según denunciaron, la empresa se sostuvo en los últimos meses con recursos que afectaron directamente a los trabajadores, a quienes se les adeudan sueldos desde junio de 2025 y aguinaldos.

La crisis de SanCor se arrastra desde hace años, pero se profundizó en el último período con incumplimientos reiterados. La intervención judicial dispuesta en 2025 detectó falta de información contable, irregularidades en documentación laboral y un deterioro operativo sostenido.

Entre los puntos críticos, la Justicia remarcó la “reticencia informativa” de la empresa, que no logró acreditar con claridad niveles de producción, contratos comerciales ni flujo de ingresos, lo que agravó la desconfianza de acreedores y organismos de control.

El colapso de SanCor representa un golpe relevante para la industria láctea argentina, tanto por su peso histórico como por su rol en economías regionales. En términos políticos y económicos, el caso vuelve a poner en agenda la fragilidad del sector cooperativo frente a contextos de alta inflación, caída del consumo y dificultades de financiamiento.

Pese al escenario crítico, desde Atilra plantean la quiebra como un punto de inflexión. La expectativa sindical es que, en una nueva etapa, la marca pueda reestructurarse y continuar operando bajo otro esquema, aunque el futuro inmediato dependerá de decisiones judiciales y eventuales inversores.