El pase a Flagrancia, presentado como “refuerzo”, fue en realidad un apercibimiento por irregularidades: más de 650 legajos archivados sin sustento y demoras en medidas clave, según una resolución de Fiscalía General.

Lo que en un primer momento se difundió como una decisión para “reforzar y fortalecer” el sistema de Flagrancia terminó exponiendo una sanción disciplinaria dentro del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Cristian Alberto Gerarduzzi, hasta entonces en la UFI Delitos contra la Propiedad, fue apercibido y reasignado a la UFI Flagrancia por irregularidades en su desempeño.

La medida quedó formalizada en una resolución firmada por el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorri, basada en un informe interno que describió fallas que habrían afectado la operatividad de la unidad donde el funcionario intervenía.

Entre los puntos más relevantes, el informe consignó abandono y paralización de causas, además de retardos en diligencias sensibles como allanamientos, secuestros y detenciones. También se señalaron inasistencias a audiencias vinculadas a expedientes bajo su responsabilidad, un aspecto crítico en términos de continuidad procesal.

El dato de mayor impacto por volumen fue que el fiscal habría pasado más de 650 legajos a estado de archivo sin una justificación clara. Ese registro fue interpretado en el ámbito judicial como un indicador de inconsistencias graves en la administración de causas.

La resolución también dejó asentado que Gerarduzzi ya había recibido una advertencia en febrero para adecuar su conducta a los deberes éticos y reglamentarios del cargo. Ante la persistencia de las observaciones, se avanzó con el apercibimiento y el traslado inmediato.

El cambio de destino no implica un cierre del tema. Por el contrario, la Fiscalía General dispuso que en Flagrancia se realicen controles y un seguimiento mensual de su desempeño, con obligación de reportar estadísticas o eventuales situaciones irregulares. Además, el funcionario ya se encuentra cumpliendo tareas en su nueva unidad desde hace casi un mes.

El caso deja una señal institucional hacia adentro: la gestión de causas y los tiempos de respuesta vuelven a quedar bajo foco, especialmente en un contexto de alta demanda judicial. En lo inmediato, el impacto se medirá en dos frentes: si el control dispuesto logra recomponer estándares de trabajo y si la reconfiguración interna mejora la capacidad de respuesta de un fuero que opera con presión diaria y plazos exigentes.