Desde el sector vitivinícola niegan avances concretos para su disolución y advierten que cualquier cambio requiere una nueva ley.

Las versiones sobre una posible disolución de la COVIAR volvieron a generar ruido en el sector vitivinícola, aunque referentes de la actividad descartaron avances concretos y relativizaron el impacto político de los rumores.

El presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan y director de la entidad, Gustavo Samper, aseguró que se trata de “las mismas versiones de siempre” y remarcó que no existe, hasta el momento, ningún movimiento formal para avanzar en la eliminación del organismo.

El dirigente aclaró que una medida de ese tipo no puede resolverse por vía administrativa. “La única forma de modificar la COVIAR es con una nueva ley, y no hay ningún proyecto presentado actualmente”, explicó, al señalar que iniciativas previas, como la impulsada en 2025, ya quedaron sin efecto parlamentario.

Las especulaciones recientes vinculan la supuesta decisión con la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Mendoza y su paso por la entidad, aunque desde el sector relativizan esa lectura. “No se le puede decir que no a una vicepresidente”, deslizó Samper, restando peso político al episodio.

Sin embargo, el contexto de tensión con el Gobierno nacional es real. Desde la administración de Javier Milei cuestionan los aportes obligatorios que financian la corporación, en línea con su política de desregulación. En ese marco, ya hubo iniciativas legislativas para eliminarla, aunque sin avances concretos.

La COVIAR, creada por la Ley 25.849 en 2003, cumple un rol central en la articulación de la cadena vitivinícola, especialmente en la promoción de exportaciones y el desarrollo del sector.

Por ahora, el escenario se mantiene en el terreno de las versiones. Pero el trasfondo político y económico anticipa un debate de fondo sobre el modelo de organización de la vitivinicultura argentina, que podría reactivarse si el Gobierno decide avanzar con una nueva iniciativa formal.