La intendenta de Chimbas reafirmó su liderazgo en medio del conflicto por el presupuesto y alertó por la caída de recursos.
La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, endureció su postura frente al Concejo Deliberante al afirmar que “las decisiones las tomo yo”, en el marco de un conflicto institucional por el manejo del Presupuesto 2026. El cruce se da tras el intento de los concejales de elevar su participación del 3% al 11%, medida que fue vetada por el Ejecutivo.
En la apertura del período legislativo, la jefa comunal buscó marcar autoridad política sin romper el tono institucional: “No voy a abandonar el respeto que tengo por los poderes”, sostuvo, aunque dejó en claro las diferencias sobre la administración de los recursos.
El enfrentamiento expone tensiones internas en el oficialismo local y se vincula a un contexto económico adverso. Rodríguez advirtió sobre la caída abrupta de la coparticipación, un factor que condiciona la planificación y obliga a reordenar prioridades en la gestión municipal.
En ese escenario, también deslizó críticas hacia el diputado departamental Gabriel Sánchez, al cuestionar la falta de articulación en proyectos de obra pública. “Hubiese sido bueno ampliar eso”, señaló sobre una iniciativa de pavimentación.
Más allá del conflicto político, la intendenta describió un panorama financiero complejo, atravesado por la inflación, la pérdida de ingresos y el aumento de la demanda social. En 2025, destacó una recomposición salarial del 28,80% para empleados municipales y la incorporación de herramientas digitales para mejorar la administración.
Para 2026, anunció un plan de obras con eje en infraestructura urbana, espacios públicos y un polideportivo cerrado, junto con intervenciones en iluminación, saneamiento y ordenamiento territorial. También remarcó el crecimiento económico local, con más de 100 nuevos comercios registrados.
El conflicto con el Concejo y la restricción de recursos configuran un escenario de gobernabilidad ajustada. La resolución de esa tensión será clave para definir la capacidad del municipio de sostener su agenda de gestión en un año marcado por la presión económica.
