El máximo tribunal provincial dejó sin efecto dos fallos favorables a Iberte y liberó a Fraccionadora San Juan del pago de casi 600.000 dólares, además de imponer las costas del proceso a la empresa demandante.

La Corte de Justicia de San Juan anuló una demanda millonaria que pesaba sobre Fraccionadora San Juan y rechazó el reclamo impulsado por Iberte S.R.L., empresa del empresario español Juan José Retamero, propietario del proyecto minero Gualcamayo. La decisión dejó sin efecto dos sentencias favorables a la firma demandante y evitó que la bodega debiera afrontar un pago de US$ 573.674,50, monto que al tipo de cambio actual ronda los $1.000 millones.

El fallo fue dictado por la Sala I de la Corte, integrada por Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, que hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la bodega luego de que tanto un juez de primera instancia como la Sala IV de la Cámara Civil hubieran considerado procedente el reclamo.

El conflicto judicial se originó en 2023, a partir de un contrato de compraventa de más de 25 millones de litros de vino entre ambas empresas. Según el acuerdo, Iberte adelantó 600.000 dólares, pero finalmente solo se entregaron 142.300 litros, lo que derivó en el reclamo para recuperar casi la totalidad del anticipo.

La controversia giró en torno a una cláusula contractual que establecía la elaboración de un «plan de cargas», es decir, un cronograma para concretar las entregas del vino. Mientras Iberte sostuvo que la falta de cumplimiento habilitaba la devolución del dinero, Fraccionadora San Juan argumentó que ese plan nunca fue presentado por la compradora y que, por lo tanto, no existía un incumplimiento atribuible a la bodega.

La Corte modificó por completo el criterio aplicado en las instancias anteriores. En su resolución sostuvo que la cláusula referida al plan de cargas no generaba una obligación exigible de cumplimiento inmediato, sino que preveía un mecanismo que debía desarrollarse posteriormente por acuerdo entre las partes.

En ese sentido, el máximo tribunal afirmó que no se incorporó prueba suficiente que acreditara un incumplimiento contractual por parte de la bodega, por lo que concluyó que la acción judicial carecía de sustento. Con ese argumento resolvió revocar la sentencia de Cámara, rechazar la demanda y cerrar definitivamente el litigio, sin ordenar que el expediente regresara a otra instancia para un nuevo pronunciamiento.

Además del rechazo del reclamo económico, la sentencia impuso a Iberte el pago de las costas de todas las instancias del proceso, lo que incrementa el impacto económico de la resolución para la firma demandante.

El fallo representa un giro relevante en un litigio de alto perfil empresarial, no solo por el monto involucrado sino también por la participación de Iberte, compañía que mantiene otros conflictos judiciales en el sector vitivinícola. Entre ellos sobresale la disputa con Fecovita en Mendoza, donde reclama daños por decenas de millones de dólares vinculados a un frustrado proyecto exportador.