La Corte anuló un fallo clave y ordenó dictar uno nuevo considerando pruebas que respaldan a la minera por el uso de un terreno en Iglesia.

La Corte de Justicia de San Juan dio un giro relevante en la disputa judicial entre la empresa minera Barrick y una propietaria particular por el uso de un terreno en Iglesia, al anular un fallo previo y ordenar que se dicte una nueva sentencia incorporando pruebas favorables a la compañía.

El conflicto gira en torno a un predio en el Cerro Coronel, donde funciona una antena clave para las comunicaciones de la mina Veladero. El fallo anterior sostenía que la empresa no contaba con servidumbre minera ni autorización de la dueña, lo que la dejaba al borde de perder el uso del lugar.

Además, en primera instancia Barrick había sido condenada a pagar USD 969.360 por daños y perjuicios, correspondientes a unos 18 años de uso del terreno sin autorización, aunque esa sanción ya había sido revertida en instancias posteriores.

Ahora, el máximo tribunal consideró que la Cámara Civil dictó un fallo “arbitrario por omisión”, al no analizar elementos probatorios relevantes, entre ellos documentación que acreditaría la existencia de una servidumbre minera vigente sobre el terreno en cuestión.

Entre las pruebas mencionadas figura un certificado de la Escribanía de Minas que avala la validez de esa servidumbre e incluye específicamente el inmueble en disputa, así como registros oficiales que ubican la antena dentro del área afectada.

La Corte también advirtió irregularidades en el proceso, señalando que se afectó el debido proceso al no considerar argumentos centrales planteados por la empresa.

Con esta resolución, el expediente será reenviado para que otra sala dicte un nuevo fallo, lo que abre la posibilidad de que Barrick consolide su derecho a utilizar el predio.

El caso tiene impacto estratégico: la antena es un componente crítico para la operación de Veladero, uno de los principales proyectos mineros de la provincia. La definición judicial no solo incidirá en este conflicto puntual, sino que también podría sentar precedentes sobre el alcance de las servidumbres mineras y la seguridad jurídica en el sector.