La dimisión de Diana Milagros Martínez se conoció días después del fallo contra el cirujano Leonardo Furlotti Barassi. La Justicia ahora evalúa si corresponde abrir una causa para investigar su actuación durante el proceso.

La directora del Hospital César Aguilar de Caucete, Diana Milagros Martínez, presentó este lunes su renuncia al cargo en medio de las repercusiones que dejó el juicio contra el cirujano Leonardo Santiago Furlotti Barassi. La decisión fue confirmada por fuentes vinculadas al ámbito sanitario y se produce mientras la Justicia analiza la posibilidad de iniciar una investigación penal sobre el desempeño de la exfuncionaria.

El nombre de Martínez cobró relevancia durante el debate oral en el que declaró como testigo. En esa audiencia respondió preguntas relacionadas con la ausencia de medidas administrativas contra el médico imputado y afirmó que la situación debía interpretarse como «un error» y no como un delito. Además, aseguró no conocer el uso de un hilo de sutura, un elemento que tuvo especial importancia en el desarrollo del juicio.

A partir de ese testimonio, el juez Alberto Caballero resolvió remitir las actuaciones y las grabaciones del proceso a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, haciendo lugar al planteo formulado por las partes acusadoras. Con esa documentación, un fiscal deberá evaluar si existen fundamentos para investigar a la exdirectora por los presuntos delitos de falso testimonio, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El proceso judicial tuvo su origen en la atención brindada a Axel Fabián Marinero, quien había sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Caucete luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles. Días después de la operación, el paciente falleció como consecuencia de una descompensación cardíaca. Los estudios realizados por una junta médica descartaron que el deceso estuviera relacionado con mala praxis y concluyeron que obedeció a causas naturales.

Sin embargo, la denuncia presentada por los familiares, quienes aseguraron haber abonado 250.000 pesos para acceder a una cirugía dentro de un hospital público, motivó una investigación que terminó llevando al cirujano al banquillo de los acusados.

En la sentencia, el magistrado encontró a Leonardo Santiago Furlotti Barassi responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y le impuso una pena de un mes de prisión de ejecución condicional, además de dos meses de inhabilitación para ejercer la medicina. En cambio, fue absuelto de la acusación de estafa, ya que el tribunal consideró que no se acreditó que hubiera existido un engaño hacia la familia del paciente ni que el profesional se hubiera apropiado del dinero. Tampoco pudo comprobarse que el material utilizado durante la intervención perteneciera al hospital.