El Sindicato de Obreros Químicos denunció que la empresa de Sergio Vallejos adeuda sueldos, aguinaldos, horas extra y vacaciones. La firma atribuyó la crisis a pagos pendientes de Salud Pública y vinculó la protesta con una disputa política sindical.

Un conflicto por salarios atrasados paralizó la relación entre los trabajadores y Bio Cordillerana, la empresa sanjuanina dedicada al tratamiento de residuos patológicos y peligrosos que conduce el empresario y excandidato a gobernador Sergio Vallejos.

El Sindicato de Obreros Químicos de San Juan denunció que la firma adeuda el sueldo de junio, dos cuotas del aguinaldo, horas extra y vacaciones acumuladas. El reclamo recibió el respaldo de dirigentes de la Intersindical y derivó en la intervención de la Subsecretaría de Trabajo.

Según el secretario general del gremio, Mario García, está pendiente la segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente a diciembre de 2025 y la primera de 2026, además de la remuneración de junio. También aseguró que algunos empleados acumulan entre 20 y 30 días de vacaciones sin otorgar.

La organización sindical había convocado a un paro, pero la autoridad laboral dictó una conciliación obligatoria por 20 días, que obliga a suspender las medidas de fuerza y mantener las tareas mientras se desarrollan las negociaciones.

“Hoy el trabajador no tiene para darle de comer a sus hijos. Si no hay respuestas, tendremos que tomar otras medidas”, advirtió García antes de una nueva audiencia prevista para el viernes.

Menos empleados y la misma actividad

El dirigente químico sostuvo que la planta redujo su dotación de aproximadamente 30 a 16 trabajadores, aunque el volumen de tareas no habría disminuido en la misma proporción.

De acuerdo con la denuncia sindical, los empleados que permanecen en la empresa deben sostener la operación con casi la mitad del personal.

La situación adquiere una dimensión adicional por la actividad que desarrolla la compañía. Bio Cordillerana recoge, transporta y trata residuos provenientes de hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, veterinarias, industrias y empresas mineras.

La propia firma informa que los residuos patológicos son sometidos a autoclave para quitarles su carácter infeccioso, mientras que los farmacéuticos y anatomopatológicos reciben tratamientos de termodestrucción.

No se trata, por lo tanto, de una actividad convencional: una interrupción prolongada o una reducción crítica del personal podría comprometer la cadena de recolección y tratamiento de materiales con riesgo sanitario. Hasta ahora, sin embargo, no se informó una suspensión del servicio.

Vallejos atribuyó la crisis al Estado

Vallejos rechazó que el conflicto responda únicamente a una decisión empresarial y afirmó que Bio Cordillerana atraviesa problemas financieros por una deuda del Gobierno provincial, principalmente de Salud Pública.

Según su versión, la Provincia mantiene pendientes pagos correspondientes a servicios prestados durante mayo y junio. También aseguró que la actividad minera se encuentra ralentizada y que esa situación redujo el movimiento de la empresa.

El sindicato cuestionó esa explicación. García sostuvo que la compañía tiene clientes privados y afirmó que las facturas correspondientes al Estado todavía se encontrarían dentro de los plazos administrativos habituales.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente el monto que Salud Pública adeudaría, las fechas de vencimiento de las facturas ni el porcentaje que esos contratos representan en la facturación total de Bio Cordillerana.

Un conflicto atravesado por la interna gremial

El empresario también atribuyó la protesta a una maniobra política de la Intersindical, el espacio integrado por distintos gremios sanjuaninos.

Vallejos afirmó que la agrupación fue conformada para confrontar con Eduardo Cabello, dirigente de la UOCRA, diputado provincial y referente de otro sector del sindicalismo local. Además, sugirió que el reclamo encabezado por García responde a intereses políticos ajenos a la situación económica de los trabajadores.

La respuesta desplazó parte de la discusión hacia la interna gremial, pero no desactivó la cuestión central: la empresa no negó públicamente la existencia de obligaciones salariales pendientes ni presentó, hasta ahora, un cronograma de cancelación difundido oficialmente.

La Intersindical acompañó a los empleados y a la conducción del Sindicato de Químicos durante las manifestaciones, según publicaciones difundidas en medios y redes sociales locales.

Antecedentes ambientales y judiciales

Bio Cordillerana funciona en el Parque Industrial de Chimbas y está constituida formalmente desde mayo de 2019 para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

La empresa quedó involucrada durante 2025 en un expediente de la Secretaría de Ambiente, después de que una inspección detectara el vertido de líquidos industriales con rastros de hidrocarburos en la red cloacal del Parque Industrial.

En aquella oportunidad, el organismo provincial calificó el procedimiento como una práctica inadecuada e ilegal e inició actuaciones administrativas para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

Además, la firma mantiene una disputa judicial con la operadora de la mina Veladero por el retiro y la responsabilidad sobre contenedores y tambores con cenizas industriales almacenados en Chimbas.

Bio Cordillerana sostiene que el material corresponde a residuos generados por la actividad minera y que debe ser retirado por la operadora. Veladero afirma, en cambio, que la empresa de Vallejos es responsable de su custodia y tratamiento como continuadora de la anterior operadora del predio.

Respecto de otro antecedente difundido en redes sobre una supuesta condena contra Vallejos durante la pandemia, los registros periodísticos muestran que fue condenado inicialmente por mantener una fábrica en funcionamiento durante la cuarentena, pero luego resultó absuelto. Por ese motivo, no corresponde presentarlo actualmente como un empresario condenado por ese episodio.

Una audiencia decisiva

La próxima instancia en la Subsecretaría de Trabajo será determinante para establecer si Bio Cordillerana presenta una propuesta concreta de pago y si los trabajadores aceptan un esquema de regularización.

Mientras continúe vigente la conciliación obligatoria, el personal deberá sostener sus tareas y el sindicato no podrá ejecutar el paro anunciado.

Si la negociación fracasa, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza y escalar hacia un problema operativo en una actividad estratégica para hospitales, clínicas y empresas. La resolución dependerá de que la firma documente su situación financiera y establezca fechas verificables para cancelar las obligaciones reclamadas.