La Unión Judicial cuestionó que las promociones al personal fueran notificadas únicamente por correo electrónico y sin difusión oficial del acto administrativo. Desde el sindicato sostienen que la acordada debe ser pública para garantizar la transparencia del proceso.

La decisión de la Corte de Justicia de San Juan de informar los recientes ascensos del personal judicial exclusivamente mediante correos electrónicos generó malestar y cuestionamientos por parte de la Unión Judicial. El gremio advirtió que, hasta el momento, no fue difundida la acordada que respalda las promociones, una situación que calificó como contraria a los principios de publicidad de los actos administrativos.

El secretario general del sindicato, Sebastián López, aseguró que ni siquiera la organización gremial tuvo acceso al documento firmado por el máximo tribunal. «La acordada existe y debe ser publicada», sostuvo, al remarcar que el texto oficial no fue entregado a ninguna de las partes interesadas.

La controversia se originó tras conocerse la existencia de la Acordada Nº 63/2026, suscripta por los ministros de la Corte un día antes del inicio de la feria judicial. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el instrumento no fue incorporado al sitio web oficial del Poder Judicial, por lo que hasta ahora se desconoce cuántos trabajadores fueron promovidos y quiénes integran el listado de beneficiarios. Desde la Corte no hubo explicaciones oficiales sobre la decisión.

Respecto al momento elegido para concretar los ascensos, López indicó que el máximo tribunal tiene la potestad de definir cuándo realizarlos. Recordó que en distintas oportunidades las promociones se otorgaron en diferentes momentos del año y que la normativa permite tanto efectuar un único proceso anual como dividirlo en varias etapas.

No obstante, el dirigente reconoció que tampoco encuentra razones para la modalidad utilizada en esta oportunidad. Según expresó, no comprende por qué los empleados fueron informados únicamente a través de mensajes individuales de correo electrónico, sin que el contenido de la acordada fuera dado a conocer públicamente.

La forma en que se implementó el procedimiento llamó la atención de buena parte de los más de 2.000 trabajadores que integran el Poder Judicial. Habitualmente, la publicación de la acordada permite conocer el alcance de las promociones y acceder al listado completo de quienes obtuvieron un ascenso, algo que esta vez no ocurrió.

El episodio volvió a instalar el debate sobre la transparencia en los procesos de ascenso dentro del Poder Judicial sanjuanino, especialmente luego de las polémicas registradas en 2024 y 2025 por designaciones que involucraron a familiares de integrantes de la Corte y de otros funcionarios judiciales. En ese contexto, desde el gremio insistieron en que la difusión de la Acordada Nº 63/2026 resulta indispensable para brindar claridad sobre la medida y evitar nuevas suspicacias.