La contratación de un consorcio con participación china para ampliar el campamento de alta montaña de Vicuña abrió un fuerte debate sobre el desarrollo de proveedores locales y el impacto real de las inversiones mineras en la economía argentina.
La adjudicación de la construcción de una nueva etapa del campamento de Vicuña, en el departamento Iglesia, generó una dura reacción de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que cuestionó la decisión de la compañía de contratar a un consorcio integrado por empresas chinas para ejecutar la obra.
La polémica surgió tras conocerse que el proyecto para sumar 2.000 nuevas camas al campamento de alta montaña fue adjudicado a una unión conformada por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA S.A., en el marco del avance de uno de los desarrollos cupríferos más importantes del país.
Desde FAPROMIN calificaron la decisión como un golpe para la industria nacional y advirtieron que pone en discusión uno de los principales beneficios que históricamente se atribuyen a la actividad minera: la generación de empleo y oportunidades para empresas locales.
«Lo de Vicuña nos puso en alerta. La contratación de una empresa china asociada a una firma argentina para una megaobra fue un mazazo para los intereses de los argentinos», señalaron en un comunicado.
La entidad sostuvo que las empresas nacionales cuentan actualmente con capacidad técnica y experiencia suficiente para ejecutar este tipo de proyectos, por lo que rechazó el argumento de la falta de preparación de la cadena de valor local.
«La cadena de valor argentina está lista para encarar cualquier obra minera», afirmaron los proveedores, que además cuestionaron la importación de módulos habitacionales fabricados en el exterior.
Según remarcaron, adquirir estructuras completas producidas fuera del país implica resignar oportunidades de trabajo para empresas nacionales y reducir el efecto multiplicador de las inversiones sobre las economías regionales.
El reclamo también se vinculó con el debate abierto en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para FAPROMIN, las ventajas otorgadas a los grandes proyectos solo se justifican si una parte significativa de los recursos invertidos permanece en Argentina y fortalece el entramado productivo local.
La federación reúne a las principales cámaras de proveedores mineros del país, entre ellas CAPRIMSA y CASEMI de San Juan, además de entidades de Catamarca, Salta y Santa Cruz.
La respuesta de Vicuña
Frente a los cuestionamientos, desde Vicuña explicaron que la adjudicación fue el resultado de un proceso licitatorio competitivo y que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos de seguridad, capacidad técnica, plazos de ejecución y costos para una obra que se desarrollará a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
La empresa también defendió su política de contratación local y destacó que actualmente más del 95% de sus trabajadores son argentinos, mientras que el 73% de los empleados directos son sanjuaninos.
El episodio reabre una discusión que promete profundizarse a medida que los grandes proyectos de cobre ingresen en etapas de construcción. El desafío para la minería será equilibrar eficiencia, competitividad internacional y desarrollo de proveedores locales, una demanda que gana cada vez más peso en las provincias donde se concentran las inversiones.
