El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un sistema de penas para adolescentes y redefine el tratamiento judicial de los menores que cometen delitos.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil y establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida quedó oficializada mediante el decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial tras la aprobación del proyecto en el Senado.
La iniciativa fue sancionada en la Cámara alta con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, convirtiéndose en uno de los principales proyectos impulsados por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias.
Un nuevo sistema penal para adolescentes
La ley introduce un esquema de penas diferenciadas según la edad y las circunstancias del delito cometido por el adolescente, con un enfoque que, según el texto legal, debe priorizar la educación, la resocialización y la reintegración social.
En ese marco, la normativa establece que la privación de la libertad será el último recurso y deberá aplicarse por el período más breve posible.
También prohíbe expresamente las penas perpetuas o de carácter indefinido para menores y dispone que no podrán generarse antecedentes penales permanentes por delitos cometidos durante la adolescencia.
Condiciones de detención y proceso judicial
El régimen fija además criterios estrictos para la detención de adolescentes. La restricción de la libertad durante el proceso solo podrá ordenarse mediante resolución judicial fundada y basada en riesgos procesales comprobados.
En caso de encierro, los menores deberán ser alojados en centros especializados y separados de los adultos, bajo supervisión de personal capacitado en atención juvenil.
La ley también exige que los procesos penales juveniles se tramiten con celeridad, especialmente cuando el imputado se encuentra detenido. Una demora injustificada podrá implicar responsabilidad disciplinaria para el magistrado interviniente.
Derechos de las víctimas
Otro de los ejes de la reforma es el reconocimiento explícito de derechos para las víctimas de delitos cometidos por menores. La normativa garantiza su participación en el proceso judicial, el acceso a información sobre la causa y la posibilidad de solicitar medidas de protección.
Además, la ley habilita la responsabilidad civil de los padres o tutores del menor, quienes podrán ser obligados a responder patrimonialmente por los daños provocados.
También se prevén instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte de manera voluntaria y el tipo de delito lo permita.
Un cambio estructural en la política criminal
La promulgación del Régimen Penal Juvenil marca un cambio estructural en la política criminal argentina respecto de los menores de edad, en un contexto de fuerte debate político y social sobre la inseguridad.
Con la nueva legislación ya vigente, el desafío pasará ahora por la implementación del sistema judicial especializado y la adaptación de las instituciones encargadas de aplicar el régimen, un proceso que será clave para medir el impacto real de la reforma en los próximos años.
Fuente: Infobae
