Una mujer fue imputada por montar una maniobra con documentos apócrifos y promesas de cargos públicos.

Una mujer de 30 años, identificada como Macarena Selene Cantero, fue imputada en San Juan por una presunta estafa que supera los $12 millones, mediante la falsificación de documentos judiciales y la oferta de cargos inexistentes en la Justicia.

Según la investigación encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui, la acusada se hacía pasar por integrante del Poder Judicial y entregaba resoluciones falsas con firmas apócrifas de autoridades nacionales, incluyendo supuestos avales de la Corte Suprema de Justicia y magistrados federales.

El mecanismo consistía en solicitar pagos iniciales para garantizar el ingreso a puestos públicos y luego exigir nuevas transferencias bajo distintos pretextos, como cambios administrativos o mejoras salariales.

La causa incluye al menos tres víctimas. Una de ellas transfirió cerca de $7.000.000, mientras que otra entregó más de $4.500.000 y una tercera superó los $3.000.000, en todos los casos bajo promesas laborales que nunca se concretaron.

El caso se agravó cuando la imputada presentó un certificado odontológico falso para justificar su ausencia en una audiencia. El profesional al que se le atribuía la firma desconoció el documento, lo que derivó en una nueva imputación por falsificación.

En la audiencia de formalización, el juez Diego Sanz dispuso la imputación por defraudación por engaño en tres hechos, en concurso con falsificación de documento privado, además de la inhibición de bienes por un año y prisión preventiva domiciliaria por siete meses.

El expediente judicial se desarrollará durante un plazo de un año, en el que se buscará determinar si existen más damnificados por la maniobra.

El caso expone la vulnerabilidad frente a estafas vinculadas a falsas oportunidades laborales en el sector público, en un contexto de alta demanda de empleo, y vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar controles y mecanismos de verificación institucional.