La esposa de Pedro Sánchez fue imputada por tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida; la causa avanza hacia juicio.

La Justicia española decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, en una causa que también involucra a su asesora y a un empresario vinculado.

La resolución fue dictada por el juez Juan Carlos Peinado, quien consideró que existen elementos suficientes para que el expediente avance hacia la instancia de juicio oral. Las partes tienen ahora un plazo de cinco días para presentar sus conclusiones y definir el rumbo procesal.

La investigación apunta a la creación y gestión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Según la acusación, el proyecto habría utilizado recursos públicos y privados por más de 300.000 euros, generando un perjuicio estimado en al menos 108.765 euros para la institución.

Además, se cuestiona el rol de su asesora, María Cristina Álvarez, quien habría percibido más de 361.000 euros desde su cargo en la administración pública mientras participaba en actividades vinculadas al proyecto. También está implicado el empresario Juan Carlos Barrabés, acusado de beneficiarse en licitaciones tras recibir apoyo institucional.

La acusación sostiene que Gómez amplió su red de influencia a partir de su posición cercana al poder, mientras que las defensas rechazan los cargos y aseguran que no existió delito ni beneficio económico personal.

El caso introduce una fuerte tensión política en España, al involucrar directamente al entorno del presidente en una causa por presunta corrupción. La evolución judicial podría tener impacto institucional y convertirse en un factor de presión sobre el gobierno en un escenario político ya polarizado.

Fuente: Infobae