La Justicia dictó dos meses de prisión preventiva para los tres acusados de la concesionaria Branka Motors. La causa investiga 348 presuntas estafas por más de $510 millones.
La Justicia de San Juan dictó dos meses de prisión preventiva para los hermanos Jonatan y Alexis Marcó y su socio Facundo Banega, acusados de integrar la firma Branka Motors y de protagonizar una presunta estafa masiva que habría afectado a 348 personas en la provincia.
La resolución fue tomada por la jueza de garantías Carolina Parra, quien además fijó un plazo de 12 meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa en la que el Ministerio Público Fiscal profundizará la recolección de pruebas.
Según la imputación presentada por Fiscalía, los tres acusados fueron señalados como coautores del delito de defraudación por fraude en concurso real por 348 hechos, en una maniobra que habría generado un perjuicio económico superior a $510 millones.
Embargo total y bloqueo de cuentas
Como parte de las medidas cautelares, la magistrada dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de todas las cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos financieros vinculados a los imputados.
El objetivo de la medida es preservar fondos que eventualmente puedan ser destinados a reparar el daño económico sufrido por las víctimas.
Los tres acusados permanecerán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de haber estado detenidos inicialmente en dependencias policiales.
Cómo comenzó la causa
El caso tomó notoriedad pública en enero de 2026, cuando un grupo de damnificados se manifestó en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, denunciando que la concesionaria habría cobrado motos que nunca fueron entregadas.
La investigación judicial también reveló que los hermanos Marcó fueron detenidos el fin de semana en allanamientos realizados en Santa Lucía y Chimbas, mientras que Banega se presentó voluntariamente en una comisaría de Rivadavia.
En paralelo, intervino Defensa del Consumidor, que intentó una instancia de conciliación entre las partes. Sin embargo, la empresa no se presentó a la audiencia, por lo que el organismo aplicó la multa máxima prevista por la normativa y dio por finalizada la vía administrativa.
Una causa con fuerte impacto social
El expediente quedó ahora plenamente en manos de la Justicia penal, que deberá determinar el alcance real de la maniobra y las responsabilidades individuales en uno de los casos de presunta estafa colectiva más grandes registrados en la provincia en los últimos años.
Con cientos de damnificados y un monto millonario en juego, la evolución de la investigación será clave para definir si los acusados enfrentan un juicio oral y las posibilidades de recuperación del dinero por parte de las víctimas.
